El Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía han iniciado una negociación para la posible cesión, del Consistorio a la Consejería de Justicia e Interior, de los 14.000 metros cuadrados que actualmente albergan los antiguos depósitos de Tabacalera de la capital gaditana.
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha visitado hoy las instalaciones acompañado del alcalde de la ciudad, José María González; del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil; del primer teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Martín Vila, y del concejal de Patrimonio, David Navarro. Durante su visita, De Llera ha anunciado que la Consejería va a iniciar un estudio de viabilidad del proyecto en esta ubicación.
La parcela se divide en cuatro espacios: dos edificios en los que estaban las viviendas de la dirección -2.200 metros cuadrados-, el antiguo depósito de tabacos en sí -6.500 metros cuadrados- y el inmueble de servicios para los trabajadores -1.000 metros cuadrados-.
Este espacio permitiría la concentración de todas las sedes judiciales de Cádiz aunque la Audiencia Provincial continuaría en su actual ubicación, como han solicitado los operadores judiciales.
El alcalde de Cádiz, José María González, ha mostrado su satisfacción por la visita del consejero de Justicia y ha destacado las expectativas depositadas ante la ubicación de la Ciudad de la Justicia en los antiguos depósitos de Tabaco. González ha subrayado el compromiso y la disposición del Ayuntamiento de Cádiz para ubicar en esta zona el proyecto, y ha destacado “las potencialidades que ofrece este equipamiento porque aporta muchas oportunidades”. El alcalde ha puesto de relieve que la ubicación de la Ciudad de la Justicia en este enclave “supondrá la revitalización y la dinamización de la zona y de barrios como el Cerro del Moro, Loreto o Segunda Aguada que se verán muy beneficiados”.
De Llera ha explicado que, tras una primera evaluación, el espacio tiene fácil acceso y que la ubicación en él de la Ciudad de la Justicia dinamizaría económicamente una zona importante de Cádiz. También ha destacado que supondría un ahorro en gastos de gestión, mantenimiento y arrendamientos y representaría una importante mejora de las condiciones de trabajo de los agentes judiciales y un mejor servicio a los ciudadanos.