La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, y el secretario de Documentación e Historia de la Ejecutiva provincial, Carlos Perales, han presentado hoy la iniciativa que el PSOE ha elevado al Congreso para revitalizar la Ley de Memoria Histórica que ha sufrido en los años de Gobierno de la derecha “una parálisis intencionada al no compartir el espíritu de un marco legal que solo pretende hacer justicia con quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”.
Así lo ha explicado Maese que ha avanzado la inminente aprobación también de la Ley andaluza de Memoria Democrática- ahora en trámite parlamentario- y ha defendido el trabajo que viene desarrollándose desde la dirección general. La parlamentaria andaluza ha explicado algunas de las actuaciones en la provincia acometidas desde el Gobierno andaluz como la localización y exhumación de fosas en Puerto Real, Paterna, El Marrufo en Jerez, El Bosque que fue la primera y la fosa de las trece rosas de Grazalema, así como se ha procedido a la señalización de lugares de memoria en la Fosa del Marrufo en Jerez; el Castillo de San Sebastián y los Muros de Puerta de Tierra en Cádiz; el Penal de El Puerto de Santa María; la Fosa de las Mujeres en Grazalema y el Valle de la Sauceda.
Al respecto, la dirigente socialista ha realizado un llamamiento al ayuntamiento de Cádiz para que mantenga y cuide de la placa indicativa en el Foso de las Puertas de Tierra, “porque es una vergüenza y una falta de respeto a las víctimas a las que representa que esté llena de pegatinas de colectivos diversos y apenas pueda leerse” por lo que ha pedido a “Podemos y Ganemos que demuestren su implicación con hechos tan simples como éste”.
Al hilo, Carlos Perales ha anunciado que la próxima fosa sobre la que se va a trabajar será la del cementerio de San Fernando, junto a los sondeos positivos que se han dado en Benamahoma, en su antiguo cementerio; Jimena; Castellar y Setenil de las Bodegas donde “tendremos que abordar y certificar si son reales los datos de las fosas”.
Sobre la fosa de San Fernando, el responsable del servicio provincial de Memoria Histórica ha precisado que este año junto con la Junta se acometerá la primera fase. “El dossier de los técnicos ya lo hemos enviado a la Junta, a la dirección general de Memoria democrática y ellos asumen bajo el protocolo de la Junta que se inicie el proceso de exhumación”, ha indicado advirtiendo de que es un proyecto de envergadura que habrá que realizarlo por fases ya que la localización, entre nichos, va a complicar la labores de excavación y desescombro”. Perales se ha reafirmado en “el compromiso claro de la Junta, Diputación y Ayuntamiento para abordar el proceso de exhumación que incluye en un primer paso la exhumación individual y luego procesos posteriores como las pruebas de ADN para ver si cabe la identificación”. En este punto, ha querido ser muy claro para “no abrir expectativas falsas a los familiares” y ha puesto de ejemplos los casos de Puerto Real y Paterna donde las pruebas de ADN “no reúnen características para que se puedan cruzar los datos así que la identificación es tremendamente complicada”.
Los estudios de mapas de fosas revelan que existen más de 620 fosas en Andalucía, de las que 100 corresponderían a la provincia de Cádiz. Según los datos de los estudios realizados, unas 60.000 personas están desaparecidas como causa del golpe militar, guerra civil y dictadura franquista. Los estudios historiográficos realizados hablan de más de 13.000 víctimas de la represión en la provincia de Cádiz, de las cuales 3.000 fueron asesinadas. Por ello, Araceli Maese ha reclamado la implicación de todas las instituciones, como lo hace ya la Diputación y la Junta, pero falta la voluntad del Gobierno “para mostrar su compromiso con los derechos humanos, con los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”.
Cuando van a cumplirse diez años desde su aprobación bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el PSOE pretende implicar activamente a los ayuntamientos en el desarrollo de la Ley que obliga a cuestiones como la retirada de símbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura. Maese sostiene que hay que “aplicar de forma plena y no arbitraria la ley, evitando así toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, en el convencimiento de que los símbolos y monumentos públicos han de ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio”.
El también coordinador del Grupo de Memoria Histórica del PSOE andaluz ha señalado “la vuelta de tuerca impresionante que el PSOE le ha dado a este asunto desde la Diputación, ya que el PP suprimió durante su mandato la oficina provincial en la línea de lo que hace a nivel nacional con la Ley”. “El propio organigrama de Diputación contempla el servicio de memoria dentro de la Vicepresidencia primera, otorgándole la importancia que tiene”, explica Perales que ha explicado el trabajo que vienen desarrollando en torno a los expedientes sumarísimos alojados en el archivo militar de Sevilla. La pretensión desde Diputación es, toda vez que ya los tienen localizados, digitalizar los miles de expedientes de gaditanos que fueron procesados con penas de muerte y cárcel en los procedimientos sumarios del régimen. “Una labor muy importante de recuperación que facilita a los investigadores que completemos el mapa de la represión de todos los pueblos”, ha apostillado.
Precisamente en esa función pedagógica, la Diputación ha puesto en marcha el Aula de la memoria histórica que ya se ha desarrollado en seis municipios en una primera fase y en la segunda, que ahora comienza, llegará hasta 12, con objeto de que al final del mandato provincial se haya llegado a la totalidad de los pueblos de la provincia. La peculiaridad del aula que, en palabras de Perales “procura el acercamiento de los ciudadanos de a pie para que conozcan su historia”, es que las charlas se realizan contando con los investigadores locales y son ellos los que imparten las ponencias que se complementan con otras actividades como la proyección de documentales.
Por último, el responsable de Documentación e Historia de la Ejecutiva provincial ha anunciado que junto a los videos y documentales en los que vienen colaborando la Diputación, “este año vamos a presentar libros importantes como la investigación más completa hecha hasta el momento de la represión económica en Andalucía”. “No solo fue física, la cárcel o el exilio y asesinato, el daño fue mayor también con la Ley de responsabilidades políticas por la que miles de andaluces represaliados pagaron con sus bienes patrimoniales”, ha detallado referenciando a los autores, los catedráticos Diego Caro y Fernando Martínez quien también publicará en breve un estudio inédito de la masonería en Andalucía