Cada vez que nuestros políticos legislan contra los jubilados y los trabajadores, están legislando a favor de los poderosos y de los defraudadores.
En el último medio siglo, una elite ha construido una economía mundial paralela, con el beneplácito de gobiernos sin autonomía y que han estado al servicio de los dueños de las voluntades, de la política y del dinero. Han desarrollado los llamados paraísos fiscales, para evadir impuestos y normas “territoriales”.
Una economía al servicio de los poderes fácticos que son los que nos gobiernan. Una economía paralela donde los bancos han jugado un papel importante para establecer lazos con gobiernos de pequeños países, con sistemas judiciales e intermediarios financieros que se combinan para servir como un “vínculo extraterritorial” (offshore) entre las economías legales e ilegales.
Y le seguirán llamando crisis. Las noticias recientes sobre los papeles de Panamás vienen a demostrar que aquí nos ha robado hasta el Tato, si no fuera porque el pobre de D.Antonio Sánchez falleció en Sevilla en 1895.
En los últimos años en nuestro país según las declaraciones de ingresos presentadas, los trabajadores y pensionistas «ganarían un 75% más» que los empresarios. Las rentas declaradas por trabajadores y pensionistas son superiores a las rentas declaradas por empresarios y profesionales liberales como arquitectos, abogados o médicos, en una media de 9.000 euros en el conjunto del Estado.
Esto es la prueba irrefutable de la existencia de un «fraude fiscal estructural y masivo». Y los distintos gobiernos se han limitado a unas políticas centradas en someter a una mayor presión y control a las rentas del trabajo y de los autónomos, en vez de centrarse en las increíbles bolsas de fraude producidas por las grandes fortunas y las empresas más grandes, principales actores y responsables de la evasión fiscal.
Es necesario la elaboración de estudios plurianuales de economía sumergida multinivel (territorios, sectores…) y al máximo nivel de detalle. Con ello, el ejecutivo tendría todo lo necesario para luchar contra el fraude fiscal y las irregularidades que se producen actualmente en el campo de las subvenciones de dinero público a empresas.
Todo ello derivaría en un aumento de la eficiencia del gasto público, lo que sin duda contribuiría a aliviar los síntomas de esta mal llamada crisis y, por ende, a rebajar sensiblemente la presión que los mercados ejercen sobre el conjunto de la economía española, pero cuyas consecuencias se dejan notar más en quienes declaran más ingresos que los empresarios, es decir, los trabajadores y pensionistas.