La Central Sindical promueve una protesta que tendrá lugar este miércoles ante la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas, inicia este miércoles, 23 de noviembre, un calendario de movilizaciones con concentraciones ante las delegaciones del Gobierno de la Junta en las ocho provincias contra el deterioro de los servicios públicos básicos en nuestra comunidad y de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas que los sustentan.
Según los cálculos de CSIF, faltan más de 7.000 empleados en los sectores de la Sanidad, la Educación, la Justicia y la Administración General de la Junta así como de las distintas administraciones locales “para garantizar y mantener la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía”. Esto es lo mínimo que debería aumentarse las plantillas, pero si se analizan las recomendaciones de la Unión Europea y se observan las ratios de profesional por usuario que existen en otros países, el déficit podría alcanzar fácilmente los 15.000 empleados públicos. No hay más que observar el descenso progresivo que refleja el número de empleados al servicio de las Administraciones Públicas en la provincia de Cádiz. Según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, la provincia cuenta con 75.336 empleados públicos (a enero de 2022, que son los últimos datos publicados), cuando en julio del año anterior había casi 80.000.
Bajo el lema “Servicios públicos, lo primero”, la central sindical ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para acudir a la protesta que en Cádiz será en la plaza de España, ante la Delegación del Gobierno de la Junta en la capital gaditana. “Hay que visibilizar la realidad que viven los profesionales en los distintos servicios del sector público, y que difiere sustancialmente de las afirmaciones grandilocuentes que se realizan de forma recurrente por parte del ejecutivo andaluz”, señala Enrique Estévez, presidente de CSIF Cádiz.
No hace falta dar datos exactos para asumir que la ciudadanía percibe este deterioro de los servicios públicos, cuando acude a un centro de salud e intentar obtener cita previa o espera un diagnóstico o una operación, cuando acude a un centro educativo y ve que no hay nadie en la secretaría, cuando está a la espera de juicio, señalado para meses o años después, etcétera. La sobrecarga de trabajo que sufren los empleados públicos es patente y CSIF no se queda de brazos cruzados. “Defendemos a nuestro colectivo pero también a la ciudadanía, que es a quienes sirven”, apunta Estévez. Por eso, CSIF cuestiona la “presunta apuesta” del Gobierno andaluz por los servicios públicos y ha subrayado la progresiva externalización de los mismos, como ocurre en la Sanidad, en el Servicio Andaluz de Empleo o entre el personal de administración y servicios en los centros educativos.
Y por lo mismo, CSIF ya se echó a la calle el pasado 24 de septiembre en Madrid con una gran concentración a nivel nacional por el deterioro de los servicios públicos y la falta de medidas al respecto del Ejecutivo central y ha calificado de “nefasto” además el acuerdo retributivo firmado entre el Gobierno central y los sindicatos de clase para los empleados y empleadas públicas, que ya acumulan más de un 20% de pérdida de poder adquisitivo en la última década.