Un juzgado suspende provisionalmente la escisión del Cádiz CF aprobada por el 80% del capital
La escisión del Cádiz CF, planteada para que los accionistas pasen a controlar directamente Sport City Cádiz, queda pendiente tras una medida solicitada por sociedades vinculadas a Enrique Pina.

La Plaza de lo Mercantil número 1 del Tribunal de Instancia de Cádiz ha suspendido provisionalmente la inscripción en el Registro Mercantil de la escisión del Cádiz CF, una operación aprobada por la junta general de accionistas con el respaldo del 80% del capital social. La medida judicial responde a una petición del accionista Enrique Pina a través de las sociedades Calambur Intermediaciones SL y Leader Sports SL.
La escisión del Cádiz CF supondría que los accionistas del club, hasta ahora propietarios indirectos de Sport City Cádiz, pasaran a controlar esta sociedad de forma directa. Según la entidad cadista, la operación supera los siete millones de euros y tiene como objetivo facilitar el acceso del club a financiación en los mercados de valores internacionales.
El consejo de administración sostiene que esta nueva estructura permitiría ampliar la capacidad financiera de la entidad y mejorar sus posibilidades deportivas a largo plazo. También asegura que los actuales accionistas podrán mantener su participación en el Cádiz CF si así lo desean y que el proceso no les causará perjuicio.
El auto judicial no anula el acuerdo adoptado por la junta, pero paraliza de forma provisional su inscripción registral. El Cádiz CF considera que la resolución puede retrasar durante varios meses la operación y cuestiona tanto su fundamentación como la correspondencia entre los argumentos expuestos y la medida acordada.
El club también critica que el posible daño derivado del proceso haya sido valorado en 50.000 euros frente al importe global de la operación, cifrado por la propia entidad en más de siete millones. Estas consideraciones forman parte de la posición expresada por el Cádiz CF en el comunicado difundido tras conocerse la decisión judicial.
La entidad ha anunciado que defenderá el acuerdo de la junta general ante las instancias correspondientes. El enfrentamiento societario se produce en un contexto de disputas previas entre el Cádiz CF y Enrique Pina, a quien el comunicado responsabiliza de obstaculizar una operación que considera necesaria para su planificación financiera.
El club vincula además este conflicto con la situación judicial de Pina, aunque precisa que se trata de procedimientos distintos. Esta misma semana ha quedado visto para sentencia el denominado caso Líbero, en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita para él doce años de prisión.
En ese procedimiento, siempre según la información recogida por el Cádiz CF, la Fiscalía reclama también al Granada CF una multa de 26,9 millones de euros y otros 9,44 millones en concepto de responsabilidad civil solidaria con el resto de los acusados. El representante del conjunto granadino manifestó ante el tribunal que una condena en esos términos podría poner en riesgo la continuidad de la entidad.
El comunicado cadista también alude a una condena anterior de la Audiencia Nacional contra Pina por actuaciones fraudulentas relacionadas con el fútbol español y a otro pronunciamiento que le obligó a indemnizar al Cádiz CF por daños causados a sus accionistas. El club utiliza estos antecedentes para cuestionar la actuación del empresario en el actual conflicto, mientras mantiene su intención de continuar con la operación societaria aprobada por la junta.


