Un equipo de la UCA, contratado por la institución provincial, inicia la prospección geofísica para determinar si hay alteraciones compatibles con la existencia de fosas
Un equipo de la Unidad de Geodetección del Patrimonio Histórico de la Universidad de Cádiz ha iniciado la prospección geofísica en la superficie del cementerio viejo de Castellar de la Frontera. Resuelve un trabajo contratado por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática de Diputación, que coordina la diputada Lucía Trujillo, con el objetivo de determinar la existencia de fosas en dicho emplazamiento. Las indagaciones históricas y los testimonios orales indican dos enclaves de este municipio donde fueron sepultadas víctimas de la represión franquista: en el cementerio junto al castillo fortaleza y en el paraje del Palancar sito en la Dehesa del Olivar; ambos lugares se incluyen en el Mapa de Fosas de Andalucía.
El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar ha recabado una relación de 24 vecinos de Castellar que fueron fusilados por parte de los artífices del golpe de Estado de julio de 1936. La mayoría habían huido en agosto de 1936 cuando el cerco de los sublevados se cernía sobre esta población. Al caer Málaga, en febrero de 1937, regresaron a su localidad de origen y fue tras dicho retorno cuando se consuma la mayoría de las ejecuciones. Una representación del Foro ha visitado el cementerio junto al castillo para comprobar el inicio de la prospección, además de la teniente de alcalde Tamara Trujillo en representación del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera.
Diputación, en coordinación con el Ayuntamiento, ha alcanzado un acuerdo con el Obispado para que se lleve a cabo esta exploración en un cementerio anexo a la Iglesia del Divino Salvador y adscrito a la institución religiosa. Se estima que en enero se conocerán los resultados de la prospección.
Si se comprueban anomalías en el subsuelo, compatibles con la existencia de fosas clandestinas, se propondrá la realización de sondeos. Llegado el caso, son estas catas las que confirman la existencia de restos de personas represaliadas –a través de lesiones perimortem, orificios de proyectil, disposición de los cuerpos o balística asociada- o bien se trata de enterramientos normalizados.