Tras la segunda negativa del Ejecutivo para fumigar con la materia activa Diflubenzurón, el consejero insiste en el grave daño ambiental y socieconómico que está provocando la plaga de la lagarta peluda
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández- Pacheco, ha solicitado de nuevo la autorización excepcional al Gobierno central para utilizar por medios aéreos el producto fitosanitario Diflubenzurón y así “combatir y resolver la grave emergencia ambiental y socioeconómica” provocada por la lymantria Dispar en el Parque Natural de Los Alcornocales, según ha dicho este miércoles durante la comisión parlamentaria.
Concretamente, el terreno en cuestión afecta a los términos municipales de las localidades gaditanas Alcalá de los Gazules, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera y Medina Sidonia, y también a la localidad malagueña de Cortés de la Frontera.
Fernández-Pacheco ha recordado que ya el pasado 8 de marzo el director general de Política Forestal y Biodiversidad solicitó la autorización a la Dirección General de Sanidad de Producción Agraria, dependiente del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En la carta enviada al ministerio se precisaba que el citado producto se había empleado en la zona durante veinticinco años y que nunca se ha reportado un incidente negativo para la salud humana ni para el medio ambiente, y que además había servido “para proteger los alcornoques y encinas de una plaga tan dañina como la que provoca la lymantria dispar o lagarta peluda”.
En la solicitud al ministerio también se explica que “esta autorización es posible atendiendo al artículo 34 de la Ley 43/2022 de Sanidad Vegetal”, la cual contempla que “el ministerio conceda autorización excepcional de un producto fitosanitario en caso de peligro”, enfatizó el consejero.
Igualmente, se le comunicaba al ministerio para recibir la autorización excepcional que el tratamiento empleado por la Junta de Andalucía durante los años 2021 y 2022 con la materia activa Bacillus Thuringiensis “no es viable para el control de esta oruga debido a las grandes extensiones y la orografía compleja del terreno, y el daño provocado no disminuye sino que aumenta”.
En el mismo oficio se concretaban igualmente los métodos que está empleando la consejería, entre los que el consejero destacó la colocación de cajas anideras para mantener y disminuir la población y también fomentar la presencia de aves predadoras de la oruga; la colocación de 1.385 trampas de feromonas o el tratamiento terrestre de cañón pulverizado con materias activas o tratamiento aéreo con bacillus.
También se advertía de que en caso de no recibir esta autorización excepcional ocurriría “una importante defoliación de las especies afectadas y el lógico daño en el crecimiento y debilitamiento generalizado de la arboleda y la predisposición a nuevas plagas y enfermedades”. Y en este sentido se mostró contundente Fernández-Pacheco: “Todo esto afecta además al paisaje y provoca un grave impacto por la pérdida de la saca anual del corcho y la baja calidad de este”.
El consejero explicó durante su comparecencia que a pesar de la negativa del Ministerio de Agricultura a emplear esta materia activa se elevó una segunda nueva petición, ahora al Ministerio para la Transición Ecológica, en la que se incidía nuevamente “en las nefastas consecuencias que causa esta oruga en el sector del corcho del Campo de Gibraltar si no se permite emplear el producto Diflubenzurón”. Y recalcó la “necesidad urgente” de emplear esta materia activa porque “el alcornocal se está secando y el daño ambiental y socioeconómico puede ser irreparable”.
Tras la nueva negativa por parte del Gobierno de España, Fernández-Pacheco se lamentó de que con los medios que tiene la Junta de Andalucía “no se puede hacer mucho más contra esta plaga e insistió en que el Diflubenzurón se ha empleado durante un cuarto de siglo y no constan daños ni para la salud humana ni para el medio ambiente”.
Por ello aseguró que “la solución a esta plaga la tiene el Gobierno central” al tiempo que defendió que “no se pueden escudar en la normativa europea para impedir el uso de esta materia activa” porque el artículo 53 del Reglamento de Fitosanitarios “contempla autorizaciones especiales de plaguicidas de forma controlada y limitada si fueran necesarios debido a un peligro que no pueda controlarse por otros medios razonables”:
Tras el segundo rechazo por parte del Gobierno de España, el consejero andaluz expuso igualmente para apoyar su petición que “incluso Verdemar Ecologistas en Acción ha remitido una carta al ministerio insistiendo en la necesidad de aplicar un tratamiento de choque excepcional porque consideran que la Junta de Andalucía no puede actuar sola ante esta plaga”, finalizó.