La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha emitido un auto con fecha de ayer, 20 de marzo de 2017, en el que se pide al Ministerio Fiscal y a la acusación particular del conocido como caso Loreto que eleven sus escritos de acusación si los hubiera.
Ante el avance del proceso de instrucción, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz insiste en que lo que se hizo en su momento fue “denunciar las graves irregularidades” que se cometieron en la gestión de los cortes de agua de Loreto, en octubre de 2014. Dichas irregularidades “están perfectamente clarificadas y esclarecidas en el informe objetivo que realizaron los técnicos de Aguas de Cádiz” y que revelaron circunstancias como que este caso se debió evitar aplicando el protocolo de actuación de Aguas de Cádiz, impidiendo así que circulara agua por tuberías y válvulas sin uso sin que antes se desinfectaran; que entre los días 3 y 14 de octubre de 2014 la Universidad de Cádiz informó a los responsables de Aguas de Cádiz de que el agua estaba infectada y no era apta para el consumo, y se requirió en varias ocasiones a los responsables de la empresa municipal que pusieran, urgentemente, en conocimiento de las autoridades administrativas competentes de que se estaba suministrando agua no apta a sabiendas de los responsables de Aguas de Cádiz; que las afirmaciones de Teófila Martínez e Ignacio Romaní en varios espacios, incluidos el Pleno municipal, sobre que el agua suministrada entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre estaba 0,0 infectada son falsas; y que ni se puede ni se van a olvidar los daños económicos y sociales derivados de esta mala gestión.
El Gobierno local está convencido de que “la Justicia nos dará la razón y determinará que las declaraciones efectuadas por el alcalde de Cádiz, el entonces concejal de Medio Ambiente y el jefe de gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Cádiz se trataban de una crítica política a la pésima gestión que realizaron los responsables de Aguas de Cádiz y que fue amparada públicamente por Teófila Martínez e Ignacio Romaní”. “Esto no supondrá ninguna condena para los querellados, más bien lo contrario”, apostillan.
Asimismo, desde el Equipo de Gobierno mantienen que no temen “a un posible juicio si lo hubiera. Y si así sucede, estaremos orgullosos de acreditar y demostrar no sólo nuestra inocencia, sino que dijimos la verdad”.