Los grupos Sí Se Puede Puerto Real (SSPPR) y Por Cádiz Sí Se Puede (PCSSP) denuncian que el Consorcio de Bomberos no tiene intención de integrar a los trabajadores del 085. Esto es “una decisión política, no técnica”, aseguran tanto el concejal de SSPPR y representante del Ayuntamiento puertorrealeño en el Consorcio, Juan Antonio Pontones, como el concejal de PCSSP y representante del Ayuntamiento gaditano en el Consorcio, Adrián Martínez de Pinillos.
Los trabajadores del 085 atienden las llamadas de emergencia a los bomberos. Sin embargo, no forman parte del Consorcio, sino de una subcontrata que les aplica el convenio de telemarketing, “un convenio pensado para la venta, no para atender situaciones de estrés como las que atienden estos trabajadores y trabajadoras”. En el pleno de Diputación provincial del pasado mes de junio se acordó integrar a estos trabajadores en el Consorcio “si los informes eran favorables”.
Sin embargo, los informes “se han pedido en febrero”, denuncia Pontones. “Es una decisión política que tenían ya tomada antes del pleno de junio del año pasado y han esperado a que saliera la plica para pedir los informes”, añade. “Los técnicos han tardado unos 20 días en hacer el informe, por lo que “podíamos haberlos tenido perfectamente en el mismo mes de junio o en julio y hubiéramos tenido todo este tiempo, casi un año, para debatir la recuperación del servicio”, explica el concejal de SSPPR.
“El informe jurídico está enfocado como integración funcionarial, pero no se contemplan otras posibilidades como la contratación laboral, recogida en el artículo 2 del propio reglamento del Consorcio y que es la que están reclamando los trabajadores y trabajadoras”, explica, por su parte, Martínez de Pinillos.
“La actual subcontrata, Qualytel, solo paga nóminas precarias; los materiales y el espacio de trabajo los pone el Consorcio”, denuncia el concejal de PCSSP. Además, “la plica actual es por valor de 549.037,5€, mientras que la contratación directa costaría 427.532E, por lo que estamos hablando de un ahorro de 121.505,5€ anuales de dinero público y una mejora sustancial de las condiciones laborales de estos trabajadores que llevan casi un mes en una habitación de 3m2, en la que trabajan hasta 4 personas, cogiendo llamadas con teléfonos de los 90”.
“Tanto el Consorcio como Diputación está en contra de recuperar un servicio clave, pero pese a todos los impedimentos vamos a seguir trabajando para conseguir que estos trabajadores consigan dignificar su situación laboral”, concluyen las dos formaciones.