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Lun. Nov 25th, 2024

José Ramón Ortega: “El PP quiere volver a la política fallida de la venta de vivienda pública”

El concejal del PSOE consigue que se retire del orden del día del Consejo de Administración de PROCASA el punto en el que se pretendía la venta de vivienda de pública en San Juan Bosco 1 y 2 hasta que se resuelvan las dudas de los vecinos caso a caso y el compromiso de que ningún inquilino irá a la calle.

“El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Ortega, ha mostrado su parecer tras la celebración del Consejo de Administración de PROCASA del que forma parte en cuanto a la gestión que desde el partido popular se está haciendo con las viviendas del parque público de San Juan Bosco 1 y 2 que actualmente se encuentran en régimen de alquiler con opción a compra.

“El PP sigue actuando como si PROCASA fuese una inmobiliaria privada”, ha aseverado Ortega, quien ha lamentado que el único objetivo a la hora de plantear esta operación desde la empresa pública de vivienda haya sido el eliminar la carga hipotecaria que está sosteniendo el Ayuntamiento para que la asuman los posibles propietarios, en detrimento de perder viviendas de alquiler y patrimonio inmobiliario municipal, tan necesario en esta ciudad.

Desde el PSOE han pedido en el seno del Consejo de Administración que se renegocien los créditos de todas las promociones municipales para rebajar los tipos de interés. “Hay opciones para evitar sobrecargar a los inquilinos y no perder vivienda pública de propiedad municipal”, ha comentado Ortega, que ha lamentado que “la empresa municipal de vivienda esté más centrada en solucionarse los problemas a sí misma antes que a los gaditanos”, que ha puesto también sobre la mesa la falta de información hacia los vecinos, que tan solo recibieron una carta hace unos meses. “El que dice ser el alcalde más social pretende que la subida de las hipotecas se solucione para PROCASA echando a los vecinos que no puedan ejercer la opción de compra, en lugar de asumir el Ayuntamiento ese sobrecoste de las viviendas públicas”, ha aseverado José Ramón Ortega.

El partido socialista se ha posicionado en contra de esta operación con la que se pretendía vender las viviendas públicas de aquellos inquilinos que no pudiesen hacer frente a la opción de compra, desalojándolos previamente. Así mismo ha conseguido que se retire el punto en el Consejo de Administración de PROCASA, el compromiso de que quedará reflejado por escrito que ningún inquilino irá a la calle y ha expuesto todas las inquietudes que le han trasladado estos vecinos.

“Nosotros sí nos hemos reunido con los inquilinos de San Juan Bosco, les hemos escuchado y estamos de acuerdo con las dudas que plantean”, ha señalado José Ramón Ortega, quien ha añadido que “si realmente se cree en la vivienda pública, no se estaría actuando como está haciendo PROCASA con estos gaditanos y gaditanas”. “Agradecemos que el partido popular haya aceptado nuestra propuesta de retirar el punto y esperamos que rectifiquen esa idea de venta de vivienda pública porque se trata de solucionar problemas a los vecinos y no a PROCASA”, ha detallado José Ramón Ortega. 

“El PP quiere repetir el modelo fallido de la venta directa”, ha criticado el concejal, en alusión a la operación de venta que se produjo sobre las 158 viviendas para jóvenes, de las que solo se vendieron 42 porque se asignaban las viviendas conforme a unos requisitos económicos que eran insuficientes para luego acceder a una hipoteca. “No tiene sentido proceder de la misma manera que en tiempos de Teófila pero parece que esta es la tónica del PP: deshacerse de vivienda pública a toda costa”, ha advertido el edil.

“La única política de vivienda en nuestra ciudad se está haciendo gracias a los fondos del Gobierno de España y a los fondos europeos”, ha incidido Ortega, que ha puesto en contraposición la “nula gestión” de la Junta de Andalucía, que ha retrasado durante meses el bono de alquiler joven, el hecho de que no se haya entregado ni una sola vivienda social en Cádiz con dinero de la Junta en los últimos cinco años o la negativa del alcalde a exigir al gobierno andaluz la aplicación de ley estatal de vivienda que permitiría la regulación del precio del alquiler.

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