IU pide en Diputación la elaboración de un censo de investigadores gaditanos que se vieron obligados a exiliarse

El diputado de IU cree “urgente” que se revierta esta situación, de manera que “se sitúe la investigación, el desarrollo y la innovación como una prioridad política y social para todo el país”. De igual manera, considera imprescindible “un pacto por la ciencia que apueste por el impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación como prioridad y no como un lujo prescindible”. Alba señala que IU seguirá exigiendo “el cese de los bajos salarios, de la precariedad laboral y de la escasez de recursos en un sector que está llamado a ser un pilar de un modelo económico alternativo basado en el conocimiento”.
De esta manera, el portavoz de IU plantea una serie de medidas como instar al Gobierno central a “impulsar la investigación, desarrollo e innovación y valorar la pérdida de recursos humanos y materiales de investigadores”; “evaluar el impacto que tiene la pérdida de investigadores en nuestro país y adquirir el compromiso de dar estabilidad a las carreras investigadoras de los jóvenes”, que “permitan que el potencial de transformación social que tienen revierta en nuestras universidades”, centros de investigación y hospitales públicos”; tomar las “medidas necesarias para combatir la precariedad, especialmente juvenil, entendida como una imposición desde el empleo o falta éste, falta de recursos, vivienda, oportunidades, acceso a servicios y salidas en igualdad para construir un futuro”. Asimismo, insta a Gobierno y Junta de Andalucía a “eliminar totalmente los límites a la tasa de reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de I+D+i”.
Finalmente, la moción de IU plantea a la Diputación colaborar técnicamente con los ayuntamientos de la provincia para “elaborar un censo de aquellos y aquellas jóvenes gaditanas que han tenido que verse obligados a marcharse en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en España, con la pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen desde el punto de vista económico y social”.
En su argumentación, Alba recuerda que desde el inicio de la crisis, “desde 2010 a 2016, el Estado ha reducido su inversión en I+D en 2.845 millones de euros y se perdieron más de 10.000 investigadores” y añade que “el ingente esfuerzo para formar a este capital humano se ha dilapidado o simplemente regalado a nuestros países vecinos, que sí garantizan la continuidad de sus instituciones y sistemas; aquí, por el contrario, parecemos incapaces de retener a una generación que había alcanzado niveles internacionales en su formación y experiencia profesional”, apunta el diputado.


