El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado una investigación a diversas agencias inmobiliarias en España por supuestas prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. Esta investigación formal ha sido activada por la Dirección General de Consumo, tras recibir múltiples denuncias de asociaciones de consumidores que han evidenciado irregularidades en los procedimientos de arrendamiento.
Entre las prácticas denunciadas se incluyen la obligación a los inquilinos de pagar comisiones por la gestión del arrendamiento, la firma de contratos temporales sin justificación adecuada y la inclusión de cláusulas abusivas que afectan los derechos de los consumidores. Según el Ministerio, trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato es una acción prohibida por la Ley 12/2023 de 24 de mayo, que garantiza el derecho a la vivienda.
El Ministerio recuerda que la vivienda es un derecho fundamental y que las agencias inmobiliarias no pueden incluir cláusulas que vulneren los derechos de los inquilinos, en virtud de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Estas prácticas podrían ser consideradas infracciones graves bajo la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con sanciones que varían desde multas de hasta 100.000 euros por incumplimientos en precios y condiciones injustificadas, hasta multas de un millón de euros por la introducción de cláusulas abusivas.
Esta investigación forma parte de la estrategia del Ministerio de proteger los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda, y se complementa con acciones informativas dirigidas a operadores del mercado sobre conductas abusivas en contratos de alquiler. Además, se ha enfatizado la ilegalidad de exigir fianzas desproporcionadas, garantías adicionales o el pago adelantado de mensualidades a los inquilinos.