Cómo reclamar por tratamientos dentales no finalizados tras el cierre de una clínica

Los afectados en Cádiz por tratamientos dentales no finalizados pueden pedir el reembolso de los servicios no prestados y, si existe un crédito vinculado, solicitar que se suspendan los pagos

Las personas afectadas por el cierre de una clínica dental pueden reclamar la devolución de la parte proporcional abonada por tratamientos dentales no finalizados. La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía señala que la interrupción del servicio supone un incumplimiento del contrato y permite exigir tanto las cantidades ya pagadas como la paralización de determinados cobros pendientes.

El primer paso consiste en presentar una reclamación ante la empresa que figure en el contrato, aunque el establecimiento haya cerrado. En el escrito, el usuario debe exponer su caso, identificar el tratamiento que quedó pendiente y concretar las cantidades reclamadas. Consumo recomienda utilizar un medio que permita acreditar el envío o la presentación de la reclamación.

Los afectados también pueden entregar una hoja de quejas y reclamaciones ante los servicios provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Sanidad y Consumo, presentes en las capitales de provincia, o acudir a una Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Si el cierre impidió presentar previamente la reclamación a la empresa, esa circunstancia debe quedar reflejada en el documento.

El procedimiento presenta particularidades cuando el tratamiento se contrató mediante financiación. La Ley de Contratos de Crédito al Consumo considera créditos vinculados aquellos préstamos destinados exclusivamente a pagar un bien o servicio específico, cuando el contrato de financiación y el de prestación del servicio forman una unidad comercial.

En estos casos, el afectado debe reclamar primero a la empresa identificada en el contrato por el incumplimiento del tratamiento. Después puede dirigirse a la entidad prestamista con la que suscribió la financiación para pedir la paralización de los recibos pendientes y la devolución de las cantidades cobradas correspondientes a la parte del tratamiento que no llegó a realizarse.

Si la financiera rechaza la reclamación, no responde o no devuelve los importes abonados por servicios no prestados, el usuario puede trasladar el asunto a los canales habituales de Consumo. La documentación contractual permitirá acreditar que el préstamo estaba directamente asociado al tratamiento dental interrumpido.

Cuando la empresa se encuentre en concurso de acreedores, las cantidades reclamadas deben comunicarse formalmente a la administración concursal. El objetivo es que el consumidor sea incluido en la lista de acreedores y que la deuda por los servicios no prestados quede incorporada al procedimiento.

Para efectuar esa comunicación, el afectado debe notificar por escrito a los administradores concursales designados el importe que considera pendiente de devolución. La reclamación ante la clínica continúa siendo necesaria para solicitar posteriormente a la entidad financiera la suspensión del préstamo o el reintegro de las cantidades cobradas por la parte del servicio incumplida.

Consumo aconseja conservar los contratos, facturas, comprobantes de pago, folletos informativos, ofertas y cualquier otra documentación relacionada con el tratamiento o su financiación. Estos documentos sirven para determinar qué servicios se contrataron, qué cantidades se abonaron y qué parte de la asistencia dental quedó sin prestar.

Los pacientes también tienen derecho a obtener una copia de su historia clínica y del resto de la documentación sanitaria que la empresa conserve sobre ellos. Este derecho está recogido en el artículo 18.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Si la clínica permanece cerrada, la documentación puede solicitarse en la sede social de la empresa. Cuando la compañía no entregue la historia clínica, el afectado puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos para ejercer su derecho de acceso a esa información.