La formación andalucista de izquierdas en la provincia considera que la raíz del problema es la estrategia de la empresa pública de recortar las plantillas hasta el extremo mientras apuesta por las subcontrataciones, que son un auténtico sumidero de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del metal en la Bahía de Cádiz
Adelante Andalucía pide al Gobierno que cumpla los acuerdos que mantiene la empresa pública Navantia con sus trabajadores, que han convocado paros en protesta por los incumplimientos a nivel del Estado español este jueves, y reclama a la SEPI que potencie las plantillas propias de Navantia en vez de recortarlas hasta el esqueleto y apostar por las subcontrataciones, que son «un auténtico sumidero de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras del metal en la Bahía de Cádiz».
«El gran problema de los astilleros de la Bahía de Cádiz es que desde hace décadas la estrategia del Gobierno, tanto con el PP como con el PSOE, ha sido debilitar las plantillas propias de Navantia, donde cada vez quedan menos operarios en el tajo, y potenciar al mismo tiempo una estrategia de subcontrataciones que son un pozo de precariedad, donde no se cumplen los convenios y la empresa pública Navantia, que es la que contrata en primer lugar, se lava las manos ante los incumplimientos sistemáticos con sus plantillas de las empresas subcontratadas», explica el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.
Adelante Andalucía respalda las movilizaciones de las cada vez más escasas plantillas de Navantia en los astilleros de la Bahía de Cádiz este jueves, y considera que es clave la unidad de todo el sector del metal de la provincia para denunciar la precariedad instalada en el colectivo como consecuencia de esa estrategia de subcontrataciones impropia de una empresa pública como Navantia, dependiente del Gobierno. En esta línea, espera que la carga de trabajo asegurada por Navantia para los próximos años en los astilleros de la Bahía de Cádiz sirva y se utilice por la empresa pública «como trampolín para mejorar los derechos laborales del sector del metal en su conjunto, porque es una oportunidad para ello».
García considera que todo responde también a «una deriva fomentada por los distintos gobiernos desde los años 80 para reducir el peso y la fuerza industrial de la provincia de Cádiz mientras fomentan la dependencia turística, promoviendo un monocultivo hacia el turismo, un sector mucho más volátil y con empleos de mayor precariedad. La provincia de Cádiz debe ser para los gobiernos mucho más que el sol y playa, mucho más que la mesa y mantel de los turistas; tiene que cuidar, potenciar y mimar su industria desde empresas que han sido tan potentes y que tienen tanto potencial para generar empleo de calidad como Navantia y los astilleros, un potencial que actualmente está desperdiciado y en franca decadencia por la labor tanto de PP como de PSOE desde sus responsabilidades políticas en las últimas décadas».