Un juzgado cita como testigos a dos interventores de la Junta por el caso de los contratos del SAS
La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha citado a declarar, en calidad de testigos, a dos interventores de la Junta y dos jefes de Servicio, por el supuesto caso de malversación en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a raíz de la denuncia presentada por Podemos Andalucía por la concesión de contratos «a dedo» por parte del SAS.
Según la provindencia dictada por la juez, recogida por Europa Press, los dos interventores de la Junta deberán comparecer en calidad de testigo en el Juzgado gaditano el 2 de abril, mientras que las dos jefas de Servicio lo harán al día siguiente, el 3 de abril.
Cabe recordar que el 17 de febrero, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, informó de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz había «abierto diligencias previas por un presunto delito de malversación en la Junta de Andalucía» que derivaría de la concesión de contratos «a dedo» por parte del SAS.
Martínez explicó que esto venía derivado de una denuncia interpuesta por Podemos en octubre ante los juzgados de Instrucción en Sevilla «por un presunto delito de malversación y/o prevaricación administrativa». Esa denuncia, con fecha del 1 de octubre de 2024, se presentó después de que «la Intervención de la Junta de Andalucía» hubiera «detectado un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén».
«Estos contratos fueron fraccionados con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación ‘a dedo'», advertía Podemos en dicha denuncia.
Mes y medio después, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, tras recibir la denuncia de Podemos desde el número 4 de Sevilla, acordó «incoar diligencias previas» a tenor «de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de malversación que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado», relata la jueza que suscribe dicho auto del 12 de noviembre de 2024.
En la misma resolución, la jueza acordaba librar «oficio a la Intervención de la Junta de Andalucía a fin de que informe sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo», así como dar «traslado al Fiscal de delitos económicos a fin de que interese diligencias a practicar».
Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, anunció que la Junta de Andalucía había pedido personarse en los procedimientos iniciados en algunos juzgados de la comunidad autónoma tras denuncias de Podemos y que había remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz «un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública que avala» dichas contrataciones». Además, acusó a Podemos de «utilizar la sanidad pública andaluza para hacer política».
