El Consejo de Gobierno rechaza la Proposición de Ley sobre los comedores escolares
Considera que su memoria económica carece de rigor técnico sobre el impacto financiero, la gestión y organización del sistema educativo
El Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio contrario a la toma en consideración de la Proposición de Ley del derecho al comedor escolar en la educación pública andaluza presentada en el Parlamento de Andalucía por el Grupo Parlamentario Mixto- Adelante Andalucía, al entender que no contempla el impacto que la propuesta tendría en la arquitectura del propio sistema educativo, ni en su gestión, ni en la organización de los propios centros, ni en las condiciones laborales de los docentes y del personal no docente, ni en la financiación necesaria para que pueda ser sostenible a futuro.
En este sentido, el Gobierno andaluz considera que tanto la Proposición de Ley como la memoria económica que la acompaña carecen del rigor técnico, distorsionan la realidad y desprestigian el servicio y el trabajo de los profesionales que lo prestan actualmente en los centros educativos en condiciones de calidad, seguridad y evaluación continua.
En conjunto, la propuesta de universalizar el servicio con gestión directa y cocina propia en cada centro educativo supondría una reconfiguración estructural del sistema, con un coste estimado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de 1.347 millones de euros, de los que 983 millones supondrían un incremento consolidado anual en el presupuesto: 360 millones sería el coste total de inversión en infraestructuras; 450 millones de euros anuales correspondientes al aumento de personal docente y no docente; y cerca de 530 millones de euros anuales como consecuencia de los costes recurrentes en alimentación y suministros.
El enfoque de la Proposición de Ley parte, según el Gobierno andaluz, de una visión reduccionista y negativa que no toma en consideración el esfuerzo sostenido que desde la Junta de Andalucía se ha llevado a cabo para modernizar el servicio de comedor escolar en Andalucía. A lo largo de los últimos años se ha producido un avance significativo en la calidad del servicio, en la transparencia de los procesos de licitación, en la vigilancia técnica de las concesiones y en la promoción de valores como la salud alimentaria, la sostenibilidad medioambiental y la equidad social.
El Gobierno andaluz concluye que, si bien pueden existir márgenes de mejora en el sistema de comedores escolares como en cualquier política pública compleja, los datos disponibles no justifican la visión alarmista que plantea la Proposición de Ley. La evolución normativa y la implantación de nuevos criterios de calidad evidencian un modelo de gestión cada vez más eficiente, inclusivo y orientado al bienestar del alumnado.
De esta manera, la Junta de Andalucía considera que el modelo andaluz de comedores escolares se encuentra en fase de consolidación y mejora continua, combinando distintos modelos de gestión en función de las características del entorno y de las necesidades reales del alumnado y de las familias. El sistema actual responde a criterios de sostenibilidad, eficiencia, participación y equidad, y su desarrollo futuro debe estar guiado por principios de responsabilidad técnica y viabilidad económica.
Además, la Proposición de Ley cuestiona el modelo de gestión indirecta mediante empresas de restauración colectiva, señalando una supuesta pérdida de calidad nutricional como consecuencia de la externalización del servicio. Para la Junta de Andalucía, esta afirmación contrasta con la evidencia recogida en los planes de seguimiento y evaluación, como el Plan Evacole, que lleva a cabo la Consejería de Salud y Consumo. Así, en el curso 2023-2024 se realizaron más de 600 inspecciones presenciales a comedores escolares, en las que se ha constatado la adecuación de los menús tanto en cantidad como en equilibrio nutricional. Además, se ha reforzado la utilización de productos de proximidad y de producción ecológica, con una previsión de más de 5,6 millones de kilos de productos ecológicos para el curso 2024-2025, lo cual demuestra un compromiso con una alimentación saludable y sostenible.
Condiciones laborales
En relación con las condiciones laborales del personal de atención y cuidado durante el comedor, las últimas licitaciones del servicio han introducido como mejora puntuable el aumento de la ratio de monitores por alumno, así como la ampliación de la jornada mínima diaria a dos horas para garantizar unas condiciones laborales dignas. El diseño de los pliegos de contratación ha incorporado expresamente estas medidas como criterios de valoración que permiten a las empresas mejorar la puntuación de sus ofertas mediante la inclusión de cláusulas sociales.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional gestiona directamente 314 comedores escolares con personal propio y cocinas en los centros, de tal manera que la coexistencia de modelos de gestión permite adaptarse a las realidades logísticas de cada territorio, especialmente en zonas rurales o con baja demanda, donde el modelo indirecto es muchas veces la única vía para garantizar el servicio.
Mientras la Proposición de Ley plantea la necesidad de reforzar la participación de las familias en el control del servicio a través de una nueva atribución de control y seguimiento a los consejos escolares, lo cierto es que ya existe un mecanismo de participación ciudadana desde 2020, como son las comisiones de seguimiento del comedor escolar. Este mecanismo vigente fomenta la implicación de la comunidad educativa en el seguimiento y evaluación del servicio y promueve la creación de una comisión integrada por la dirección del centro, el AMPA y un representante de la empresa adjudicataria, que se reúne periódicamente y levanta acta de sus deliberaciones. Desde 2024, en todos los comedores gestionados por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), las empresas adjudicatarias han incorporado esta mejora, asumiendo así la obligación de constituir las mencionadas comisiones.
Además, los contratos vigentes contemplan herramientas de comunicación directa con las familias y mecanismos para la valoración periódica del servicio, como encuestas de satisfacción y sistemas de comunicación telemática. A ello se suman las auditorías técnicas realizadas por APAE, más de 300 visitas anuales, que evalúan el cumplimiento del plan de limpieza, los protocolos higiénicos y las condiciones de los menús, abriéndose expedientes sancionadores cuando se detectan incumplimientos.
