Ruiz Boix respalda a Alfonso Moscoso frente a las acusaciones del PP sobre la plaza del Juzgado de Paz
El secretario general del PSOE de Cádiz denuncia el intento de «linchamiento político» por parte del PP y defiende la transparencia del proceso de cobertura de la plaza vacante en Villaluenga.
El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mostrado su respaldo al alcalde de Villaluenga del Rosario y senador, Alfonso Moscoso, ante las acusaciones del Partido Popular (PP) sobre el proceso de cobertura de la plaza del Juzgado de Paz en el municipio. Ruiz Boix ha calificado de «burda cacería personal» el ataque del PP y ha defendido la actuación de Moscoso, destacando la transparencia y legalidad del procedimiento.
El proceso para cubrir la plaza del Juzgado de Paz de Villaluenga del Rosario ha estado marcado por tres convocatorias previas que quedaron desiertas. En 2023, ante la posibilidad de perder este servicio esencial para los vecinos del municipio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nombró a Elisa Sánchez Girón para el cargo. Según Ruiz Boix, el nombramiento no recibió ninguna objeción ni alegación durante el plazo de exposición pública.
El dirigente socialista ha insistido en que la persona que ocupó este puesto lo hizo voluntariamente y sin recibir remuneración económica. Aseguró que el PP está tratando de generar un «escándalo donde no existe ningún interés económico ni politización de la justicia». Además, recordó que, tras conocerse la incompatibilidad de la persona designada debido a su filiación política, renunció inmediatamente al cargo, actuando con total transparencia.
Ruiz Boix también advirtió de que el PSOE analizará casos similares en otros municipios pequeños de la provincia y de Andalucía, donde pueden existir incompatibilidades no advertidas previamente en plazas de Juzgados de Paz.
Finalmente, el secretario general del PSOE de Cádiz lamentó que el PP se enfoque en estas acusaciones mientras debería estar colaborando con la justicia en las investigaciones sobre irregularidades en los contratos del SAS en la provincia de Cádiz, por valor de 235 millones de euros.
