Sindicatos de Sanlúcar exigen a la alcaldesa la defensa del servicio público de recogida de residuos
Las secciones sindicales del Ayuntamiento y EMULISAN piden la convocatoria urgente de una Mesa de Negociación ante la posible privatización del servicio de residuos.
Las secciones sindicales de UGT, CCOO y CSIF del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda y de la empresa pública EMULISAN han emitido un comunicado en el que exigen a la alcaldesa, Euzcaro López, que reconsidere la posible privatización del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Este pronunciamiento se produce después de que la alcaldesa, durante el acto del Día del Trabajo el 1 de mayo, manifestara su apoyo a los derechos laborales y a la defensa de lo público. En su intervención, López subrayó la importancia de “defender y proteger lo público frente a políticas que van en contra de los trabajadores y trabajadoras”.
El comunicado de los sindicatos destaca la contradicción entre estas declaraciones y la información recibida por diversas fuentes que apuntan a una posible privatización parcial del servicio de recogida de residuos, gestionado actualmente por el Ayuntamiento y EMULISAN. “Confiamos en que la alcaldesa actúe con coherencia y respete lo que dijo en el Día del Trabajo”, afirmó el portavoz de las secciones sindicales, quien recordó que, en su intervención, la alcaldesa también expresó que “vamos a conservar los derechos adquiridos y seguir avanzando”.
En este contexto, los sindicatos han solicitado formalmente la convocatoria de una Mesa de Negociación para abordar este tema y garantizar que se cumplan los Convenios Colectivos vigentes en el Ayuntamiento y en EMULISAN. De igual forma, han manifestado su firme compromiso en la defensa de los servicios públicos y del empleo digno, destacando su lucha contra la precariedad laboral.
“Defenderemos el servicio público, apostando por el trabajo digno y de calidad y luchando contra la precariedad”, concluyeron las secciones sindicales, que han dejado claro que seguirán luchando para garantizar que la gestión de los residuos siga siendo pública y sin comprometer los derechos de los trabajadores.
