El Juzgado de Instrucción nº 3 de Cádiz rechaza cambiar el rol procesal de la Junta en la investigación sobre el fraccionamiento irregular de contratos del SAS
La jueza Rosa María García Jover, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, ha confirmado el papel de la Junta de Andalucía como responsable civil subsidiaria en la causa abierta por el fraccionamiento irregular de contratos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Cádiz. Esta decisión fue adoptada el 14 de mayo, manteniendo el cambio procesal solicitado por la Junta, que inicialmente había pedido ser considerada perjudicada.
El proceso judicial se inició a raíz de una denuncia presentada por Podemos Andalucía, que denunció posibles irregularidades en la gestión de contratos sanitarios. En su auto, la jueza responde a una petición de revisión por parte de Podemos, que cuestionaba la postura del SAS tras la comparecencia como investigado del director de la Central de Compras del SAS en Cádiz, Demetrio González. Durante su declaración el 30 de abril, González se negó a declarar y no explicó las razones detrás de la prórroga de contratos ni la realización de contratos menores.
Con base en esta situación y en el estado inicial de la investigación, García Jover sostiene que la posición del SAS como responsable civil subsidiario es ajustada a derecho y acorde con la jurisprudencia vigente. Además, rechaza las objeciones presentadas por la Junta contra la personación de Podemos Andalucía como acusación popular, asegurando que exigir requisitos formales estrictos vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva.
La jueza también destaca que la denuncia de Podemos ha evidenciado hechos de relevancia penal susceptibles de investigación para determinar responsabilidades y reunir pruebas. Por ello, ha otorgado un plazo de cinco días para que las partes presenten recurso de apelación contra el auto.
Este auto se suma a la resolución del 3 de abril, en la que García Jover avaló el derecho de Podemos a personarse como acusación popular sin necesidad de querella ni fianza, siguiendo la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La jueza explicó que una vez iniciado el procedimiento penal, la presentación de querella no es necesaria para que cualquier ciudadano o entidad actúe como acusación popular.
La causa continúa abierta y en fase de instrucción, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades en la contratación del SAS en Cádiz y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
