Residentes del edificio frente al Teatro Falla de Cádiz se organizan con el Sindicato de Inquilinas para resistir las presiones del Grupo Abu y la inmobiliaria Ovando Homes, que promueven una reforma sin licencia para construir viviendas de lujo.
Tres familias del número 3 de la Plaza del Falla, en Cádiz, han anunciado públicamente su decisión de permanecer en sus viviendas y resistir a lo que denuncian como un intento de expulsión impulsado por el Grupo Abu y la inmobiliaria Ovando Homes. Acompañadas por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, las residentes se han declarado este martes “en lucha”, en un acto celebrado frente al emblemático Teatro Falla, para defender su derecho a seguir habitando el edificio.
Según explicaron, desde hace un año sufren presiones para abandonar sus hogares. “Ahora recurren a obras ilegales para hacernos la vida imposible”, afirmó Inma, portavoz del colectivo vecinal. Denuncian que estas obras, que se están desarrollando sin licencia municipal, buscan desalojar por la vía de los hechos el inmueble, que ya ha sido vendido a una constructora con la intención de transformarlo en viviendas de lujo.
Desde el Sindicato de Inquilinas, su portavoz María Sánchez señaló que este caso “refleja el impacto directo de la especulación inmobiliaria sobre las familias trabajadoras de Cádiz”. Añadió que la empresa anuncia la promoción como si el edificio estuviera vacío y en ruinas, cuando en realidad hay personas viviendo allí desde hace más de una década. “Es la primera vez que hay gaditanos invisibles dentro de un edificio”, ironizó.
Las residentes aseguran haber pagado puntualmente el alquiler durante más de diez años. Incluso tras el intento de bloqueo de los pagos, han seguido depositando las mensualidades en el juzgado como prueba de su voluntad de cumplir con sus obligaciones. Pese a ello, denuncian que no han recibido ninguna propuesta de renovación de contrato ni opción de permanencia.
Uno de los aspectos más graves de la situación es la inseguridad derivada de las obras. Según relataron, un puntal mal colocado se desplomó en el rellano y golpeó a una menor residente en el hombro. Aunque la mochila amortiguó el impacto, el susto ha provocado que la niña sufra ansiedad al transitar por el edificio. Las familias temen que nuevos accidentes puedan producirse debido a la ausencia de medidas de protección y a la pasividad del Ayuntamiento.
El edificio cuenta, además, con un nivel de protección 1 en el catálogo patrimonial municipal, lo que exige una intervención con especial cuidado y supervisión. Las vecinas acusan al Ayuntamiento de permitir las obras sin los permisos adecuados, poniendo en riesgo tanto su seguridad como el patrimonio histórico de la ciudad.
“La presión es insostenible, por eso no nos vamos. Nos quedamos. Lo hacemos por Cádiz”, declaró Inma, en representación de las tres viviendas aún habitadas en el bloque. El Sindicato afirma que ha intentado negociar con las partes implicadas, pero solo ha recibido como respuesta un avance en las obras y la colocación de elementos que dificultan el paso diario de los inquilinos y su convivencia.
El colectivo reclama una solución inmediata que pase por la suspensión del proceso de desahucio, el fin de las obras ilegales y la renovación de los contratos de alquiler. Mientras tanto, seguirán organizándose para defender su derecho a una vivienda digna y denunciar públicamente lo que consideran otro caso más de gentrificación y expulsión silenciosa en el centro histórico de Cádiz.
