
El Grupo Municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha denunciado que el alcalde de Cádiz, Bruno García, incumple el acuerdo plenario del pasado 26 de junio que instaba al Ayuntamiento a reubicar de forma inmediata y transitoria en la ciudad a las cinco familias que residen en el edificio de Javier de Burgos, 19, en condiciones precarias.
A pesar de que el alcalde y los concejales de Urbanismo, Vivienda y Asuntos Sociales votaron a favor de esta medida en el Pleno, ayer miércoles se reunieron con la portavoz de los inquilinos para instarlos a abandonar Cádiz y trasladarse a San Fernando. Esta propuesta, impulsada por la Sareb, propietaria del inmueble, fue rechazada por las familias debido a que tienen en Cádiz sus trabajos, vínculos familiares y red de apoyo.
David de la Cruz, portavoz de AIG, criticó duramente la actitud del equipo de Gobierno, calificándola de “lavarse las manos” y un “despropósito”. De la Cruz lamenta que, en un contexto de pérdida constante de población, se expulse a cinco familias con ocho menores de edad, ignorando la urgencia y el peligro en que viven, que incluye desprendimientos recientes de techos y la aparición de plagas de cucarachas tras catas en la finca.
El portavoz de AIG aseguró que el Ayuntamiento ignora el protocolo municipal para emergencias habitacionales y rechaza opciones como el realojo temporal en pisos turísticos de Cádiz, que podrían ser sufragados por la Sareb. “Bruno García vuelve a incurrir en dejadez de funciones, no garantiza la seguridad de estas familias ni busca alternativas habitacionales transitorias”, añadió.
Por su parte, la portavoz de los inquilinos del edificio de Javier de Burgos, organizada junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, denunció la situación crítica que viven y la falta de soluciones reales por parte del Ayuntamiento y la Sareb. “No queremos irnos de nuestra ciudad, pero nos obligan porque no nos ofrecen otra alternativa. Esto se ha convertido en un infierno”, expresó.
Las cinco familias afectadas continúan viviendo en un edificio en ruinas, con problemas estructurales y condiciones insalubres que ponen en riesgo su salud y seguridad, en una situación que lleva más de tres años sin respuesta efectiva de las autoridades.