El juez de la Audiencia Nacional interroga a dos imputados por presunto narcotráfico del exjefe de la UDEF

Eduardo Montero y Javier Martín declaran de forma voluntaria en el caso que investiga el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras y el presunto blanqueo de 20 millones de euros.

El juez Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional (AN), interroga este lunes a dos imputados, Eduardo Montero y Javier Martín, en relación con la causa por presunto narcotráfico que involucra al exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Madrid, Óscar Sánchez. El caso destapó que Sánchez podría haber ocultado cerca de 20 millones de euros entre su domicilio y su despacho.

Las declaraciones de ambos imputados se producen tras la admisión de un policía, también investigado, quien reconoció haber realizado consultas en bases de datos policiales a petición de Montero. El agente aseguró que lo hizo como un favor personal relacionado con asuntos familiares, negó conocer implicaciones de Montero en la red de narcotráfico y afirmó no haber obtenido información sensible.

El exjefe de la UDEF habría desempeñado un papel central en la organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, según la investigación que se desarrolla en varias empresas vinculadas presuntamente a esta actividad ilícita. La causa se intensificó tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en noviembre de 2024, considerada la mayor operación de este tipo en España y la segunda en Europa.

El mecanismo presuntamente utilizado por Sánchez consistía en introducir datos en los sistemas informáticos policiales sobre contenedores y empresas, con lo que podía alertar a los líderes de la red criminal sobre investigaciones en curso. A cambio, habría recibido pagos por parte de los narcotraficantes, según las pesquisas judiciales.

El interrogatorio de Montero y Martín es parte de una investigación más amplia que busca esclarecer la extensión del entramado criminal y la posible colaboración de funcionarios públicos en la protección de operaciones ilícitas. Hasta el momento, el caso ha revelado conexiones entre el blanqueo de dinero, el acceso indebido a información policial y el tráfico internacional de drogas.

Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y analizar el grado de implicación de cada uno de los implicados. Este procedimiento judicial continúa bajo reserva de sumario y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas diligencias y declaraciones de otros imputados.

La causa ha generado gran atención mediática por su impacto en la lucha contra el narcotráfico en España y por la implicación de un alto cargo de la Policía Nacional, lo que resalta la complejidad de los mecanismos de corrupción y la importancia de las medidas de control interno en los cuerpos de seguridad.