El PP reclama más inversión y personal judicial en Cádiz para aplicar la Ley de Eficiencia Judicial

El Grupo Popular defenderá en el Pleno de la Diputación una moción que exige al Gobierno recursos para implantar la Ley de Eficiencia Judicial en Cádiz, subrayando que la ley requiere financiación y personal para evitar perjuicios en los juzgados saturados de la provincia.

El Grupo Popular en la Diputación de Cádiz presentará el miércoles 19 de noviembre una moción en el Pleno ordinario con la que solicitará al Gobierno de España más inversión y personal en los órganos judiciales de la provincia para garantizar la correcta implantación de la Ley de Eficiencia Judicial. La iniciativa remarca que la Ley de Eficiencia Judicial requiere financiación y personal para asegurar un desarrollo sin perjuicios en los juzgados gaditanos, cuya carga de trabajo se mantiene por encima de la media tanto en Andalucía como en el conjunto del país.

La propuesta del PP pone el foco en la necesidad de reforzar plantillas y dotar de medios a los tribunales existentes antes de acometer la transformación prevista por la normativa, que pasa por convertir los actuales juzgados unipersonales en tribunales de instancia y reorganizar el personal de la administración de justicia. Para ello, la formación solicita recursos económicos suficientes y una planificación acorde a la realidad de la provincia.

El documento registra de forma específica algunas de las plazas que se consideran prioritarias. Entre ellas, dos magistrados para la Audiencia Provincial de Algeciras y una nueva plaza en los Juzgados de lo Penal de Cádiz, que actualmente soportan una media de 1.338 asuntos penales al año y 430 sentencias por magistrado. Se suman a esta demanda refuerzos en los partidos judiciales de Algeciras y Jerez, así como nuevos titulares en los juzgados de Chiclana, San Fernando, Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María.

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Juancho Ortiz, sostiene que la situación del sistema judicial en Cádiz “está sobrecargada” y que requiere medidas urgentes para evitar un colapso mayor ante la transformación prevista con la nueva ley. Explica que la falta de inversión estatal podría derivar en un “efecto desestabilizador” que agravaría los retrasos, la saturación y la falta de personal que ya sufren juzgados clave como los de primera instancia y los especializados en violencia sobre la mujer, que —según el texto— se encuentran “al límite de su capacidad operativa”.

Ortiz critica la planificación que acompaña a la puesta en marcha de esta normativa, alegando que la ley se ha diseñado sin asignar la financiación necesaria para su aplicación. Subraya que la Junta de Andalucía ha aportado más de 54 millones de euros y demanda al Gobierno que asuma su responsabilidad económica en esta materia para que la transformación estructural del sistema judicial no recaiga exclusivamente sobre los recursos autonómicos.

La moción también recoge la petición de que los jueces de paz puedan volver a celebrar bodas civiles, considerando que esta prerrogativa ayudaría a descongestionar los juzgados que actualmente absorben dichas solicitudes. Para el Grupo Popular, esta medida contribuiría a un reparto más equilibrado de las cargas administrativas y judiciales en toda la provincia.

En su argumentación política, Ortiz defiende que la reorganización de la justicia no puede plantearse de manera unilateral desde la administración central y reclama que se tenga en cuenta la realidad territorial. Señala que no puede hablarse de “eficiencia judicial” sin inversión suficiente ni de “modernización” si no se garantizan los recursos humanos ni los medios técnicos necesarios para sostener el cambio legislativo.

La moción será debatida y votada en el Pleno de la Diputación del miércoles. Si es aprobada, la institución provincial trasladará al Gobierno de España la exigencia de financiación y refuerzo de personal para que la implantación de la Ley de Eficiencia Judicial se realice sin afectar al servicio prestado a la ciudadanía y sin aumentar la saturación ya existente en los juzgados de la provincia.