El Gobierno anuncia una investigación contra META por la posible violación de la privacidad de millones de usuarios

La investigación parlamentaria analizará si META rastreó de forma oculta la actividad web de usuarios de Android vulnerando su derecho a la privacidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de una investigación contra META por la presunta violación de la privacidad de millones de usuarios en España. La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp tendrá que rendir cuentas ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados para explicar su actuación y aclarar si implementó prácticas de rastreo no consentidas que pudieran vulnerar derechos fundamentales.

La decisión del Ejecutivo se basa en una investigación científica conjunta publicada recientemente por los centros IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Holanda). Este estudio reveló que META habría utilizado durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android. Según las conclusiones de la investigación, ese sistema permitía recopilar información sobre las páginas visitadas en los navegadores web y vincularla con la identidad de cada usuario en las aplicaciones de Facebook e Instagram, incluso cuando estos navegaban en modo incógnito o utilizaban una VPN.

De confirmarse, estas prácticas habrían vulnerado varias regulaciones europeas de protección de datos y privacidad digital, entre ellas el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). Además, la compañía ya se enfrenta a demandas colectivas en países como Alemania, Estados Unidos y Canadá derivadas del mismo mecanismo de rastreo.

Durante su intervención en la IV edición del foro “Metafuturo”, celebrado en el Ateneo de Madrid, Pedro Sánchez subrayó la gravedad de las sospechas y la obligación del Estado de garantizar la protección de los derechos digitales de la ciudadanía. “En España, la Ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier gran plataforma tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos pagará las consecuencias”, afirmó. El presidente destacó que la investigación tiene como finalidad esclarecer lo sucedido, exigir explicaciones a la empresa tecnológica y salvaguardar la privacidad de los usuarios que pudieran haberse visto afectados.

El anuncio llega en un momento de creciente preocupación mundial por el uso de los datos personales y los riesgos derivados de la concentración tecnológica en manos de grandes corporaciones digitales. En ese marco, el presidente avanzó un paquete de medidas dirigidas a frenar cuatro amenazas en el espacio digital: las campañas de desinformación, la desprotección de los menores en internet, el incremento de los discursos de odio y la polarización social, y la vulneración del derecho a la privacidad. Según Sánchez, estas medidas materializarán los compromisos expuestos en la última cumbre de Davos, donde alertó sobre el impacto social, democrático y psicológico del poder de las grandes tecnológicas.

El presidente destacó que las redes sociales han aportado beneficios a la sociedad, especialmente desde el punto de vista de la comunicación y la generación de oportunidades económicas. Sin embargo, advirtió del riesgo de que estas plataformas se hayan convertido en “un Estado fallido donde los tecno-oligarcas priorizan el beneficio sobre el bienestar, el clic sobre el derecho y el algoritmo sobre la Ley”. En su intervención añadió que la defensa de los derechos digitales debe ser un pilar imprescindible de las democracias contemporáneas, especialmente para garantizar la protección de los más jóvenes ante entornos digitales altamente agresivos en términos de atención, identidad y salud mental.

El debate sobre la regulación de las grandes plataformas tecnológicas vuelve así al centro de la agenda política. La investigación anunciada contra META servirá, según el Gobierno, para esclarecer potenciales responsabilidades, reforzar la protección a los usuarios y consolidar mecanismos de vigilancia que eviten prácticas de rastreo encubierto en el futuro. Las comparecencias y solicitudes de documentación comenzarán en el Congreso una vez formalizada la citación de la compañía.