El aumento de solicitudes de residencia y trabajo en España tras el nuevo Reglamento de Extranjería roza el 50% en solo cinco meses

La entrada en vigor del Reglamento de Extranjería impulsa un incremento sin precedentes en autorizaciones de residencia, arraigo, estudios y permisos familiares, consolidando un nuevo modelo migratorio basado en flexibilidad y garantías.

Las solicitudes para residir y trabajar en España han experimentado un notable incremento desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería (Reloex), aplicado desde el 20 de mayo de 2025. Según los datos oficiales, las autorizaciones han pasado de 495.000 en los cinco primeros meses del año a 724.000 entre mayo y octubre, lo que supone un crecimiento del 46,2%. El aumento de solicitudes de residencia y trabajo en España tras el nuevo Reglamento de Extranjería confirma el impacto de la reforma sobre los flujos migratorios y la planificación del mercado laboral.

El reglamento introdujo una profunda reestructuración de los procedimientos administrativos relacionados con la extranjería, con el objetivo de reducir tiempos de espera, eliminar duplicidades y mejorar la integración laboral y social de las personas migrantes. De acuerdo con el balance divulgado, el marco normativo actual atiende simultáneamente las necesidades del mercado laboral, los retos demográficos del país y el refuerzo de los derechos de trabajadores y empresas contratantes.

Uno de los elementos que más ha contribuido a esta tendencia es la ampliación y redefinición de las figuras de arraigo, que pasan a ser cinco: segunda oportunidad, sociolaboral, social, socioformativo y familiar. Con carácter general, el tiempo exigido de permanencia continuada en España se reduce de tres a dos años, salvo en el arraigo familiar. Además, las renovaciones se flexibilizan y amplían su duración hasta cuatro años. En los cinco meses posteriores a la aplicación del nuevo reglamento, 95.000 personas han regularizado su situación por alguna de estas vías.

Otro de los cambios con mayor impacto ha sido la nueva autorización de residencia para familiares de personas con nacionalidad española, que sustituye al antiguo arraigo familiar. La reforma amplía el marco de acceso a hijos e hijas hasta los 26 años, parejas de hecho y parejas estables, y otros familiares a cargo. Entre enero y mayo se registraron 58.000 solicitudes de arraigo familiar, mientras que entre mayo y octubre, ya bajo la nueva normativa, se contabilizaron 102.000 solicitudes, un incremento del 74,5%.

También se han modificado de forma sustancial las autorizaciones de estancia por estudios. El texto establece que la vigencia del permiso coincide con la duración completa del programa académico, introduciendo además un margen adicional para facilitar organización y desplazamientos. Estas mejoras han multiplicado la demanda: en los cinco primeros meses del año se presentaron 32.000 solicitudes, cifra que entre mayo y octubre asciende a 93.000.

El reglamento incorpora igualmente cambios orientados a la actividad laboral. A partir de mayo, las personas con autorización para trabajar por cuenta ajena pueden compatibilizarla con empleo por cuenta propia. Además, se clarifican los supuestos de cambio de empleador y se modifica la regulación del trabajo de temporada, que pasa a tener vigencia de cuatro años con posibilidad de empleo hasta nueve meses al año.

En paralelo, la normativa ha reforzado la planificación de la migración circular y colectiva de contrataciones en origen, reduciendo la carga burocrática y mejorando las garantías laborales. La integración de estos procesos en el reglamento ofrece una base más estable para futuras campañas de contratación justa.

El texto también introduce medidas en favor de los menores residentes en España. La autorización de residencia temporal para menores extranjeros acompañados nacidos en España tendrá una vigencia de cinco años y no estará vinculada a la situación administrativa de sus progenitores, evitando posibles situaciones de irregularidad sobrevenida.

Otro capítulo relevante corresponde a las garantías para víctimas de violencia de género y violencia sexual. El reglamento amplía las vías de acreditación de la condición de víctima, crea autorizaciones específicas por circunstancias excepcionales y extiende protección a ascendientes de mujeres víctimas.

Con seis meses de recorrido, la normativa refleja un cambio profundo en la política migratoria española, con impacto directo en la regularización, en el acceso al empleo y en la integración educativa y familiar. El aumento de solicitudes de residencia y trabajo en España tras el nuevo Reglamento de Extranjería configura un escenario en el que la simplificación administrativa y la protección social se sitúan en el centro de la gestión migratoria.