La Junta garantiza el traslado con indemnización a funcionarias de Justicia víctimas de violencia de género

El nuevo protocolo andaluz, pionero en España, protege a las trabajadoras judiciales con medidas específicas de movilidad, seguridad y conciliación, en un colectivo compuesto en un 70% por mujeres.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y las organizaciones sindicales del sector han aprobado un protocolo pionero en España destinado a proteger a las funcionarias de Justicia víctimas de violencia de género. Este documento establece mecanismos específicos para garantizar su seguridad, entre ellos la posibilidad de traslado a otro destino sin pérdida económica y con derecho al abono de los gastos derivados de la mudanza, tanto de la trabajadora como de los familiares con los que conviva. Asimismo, recibirán una indemnización equivalente a tres dietas por cada persona trasladada con ella. Andalucía cuenta en la actualidad con casi 9.000 funcionarios de Justicia, de los que el 70% son mujeres.

El protocolo equipara la movilidad de estas profesionales a un traslado forzoso en materia indemnizatoria y asegura la asignación de un puesto de igual nivel y categoría, incluso mediante la creación de plaza en caso de no existir vacante. El texto incorpora también medidas destinadas a facilitar la recuperación física y emocional de las víctimas, como la reducción de jornada —con disminución proporcional de retribuciones—, la flexibilidad horaria de hasta un 50%, la reordenación de tiempos de trabajo y la justificación de ausencias motivadas por la situación psicológica o física derivada de la violencia.

El documento contempla igualmente el derecho a solicitar una excedencia sin necesidad de haber completado un periodo previo de servicios, manteniendo la reserva del puesto durante seis meses, prorrogables hasta un máximo de 18 cuando las actuaciones judiciales así lo requieran. Durante los dos primeros meses de excedencia, la trabajadora percibirá las retribuciones íntegras y las prestaciones familiares por hijo a cargo, y podrá participar en acciones formativas. En caso de baja por incapacidad laboral relacionada con la violencia de género, se abonará el 100% del complemento de la prestación por incapacidad temporal desde el primer día.

La norma incorpora además la figura del Agente de Igualdad de la Administración de Justicia, encargado de recibir y tramitar consultas, quejas y denuncias —también de forma anónima— sobre violencia de género, violencia sexual o acoso sexual. El protocolo refuerza la prevención y sensibilización mediante campañas de igualdad difundidas en la Red Profesional de la Junta y en un espacio específico para el personal de Justicia.

Este instrumento toma como referencia el protocolo vigente para el personal de la Administración General de la Junta y forma parte del I Plan de Igualdad de la Administración de Justicia en Andalucía, aprobado en marzo de 2024 y con una vigencia de tres años. Solo otras dos comunidades autónomas disponen de un plan de igualdad específico para el personal de Justicia —Valencia y País Vasco—, aunque varios territorios han mostrado interés en el modelo andaluz al considerarlo el más avanzado.