El Gobierno culmina la reforma de la formación laboral con la nueva regulación de los contratos formativos

La regulación de los contratos formativos completa la reforma laboral en materia de formación para el empleo y refuerza los derechos de las personas en prácticas.

El Gobierno ha dado un paso definitivo en la modernización del sistema de formación para el empleo con la aprobación del marco regulador de los contratos formativos. La medida, anunciada tras el Consejo de Ministros del 25 de noviembre, completa la transformación iniciada con la reforma laboral de 2022 y consolida un modelo que equipara la formación práctica en España a los estándares europeos. Con esta decisión, el Ejecutivo busca garantizar una preparación de calidad y proteger a quienes realizan prácticas en empresas. La reforma de la formación laboral con los contratos formativos se convierte así en una de las piezas clave de la estrategia para impulsar el empleo juvenil y retener talento.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, destacó que la norma asegura que todas las personas en formación cuenten con derechos laborales plenos y con tutorización adecuada. Subrayó también la importancia de acabar con prácticas abusivas y desvinculadas de los planes formativos. Según datos expuestos por la ministra, en 2024 se registraron en España 944.543 prácticas no remuneradas frente a solo 54.987 contratos formativos, una brecha que la nueva regulación busca corregir de manera estructural.

El contrato formativo se articula en dos modalidades con carácter laboral. La primera es el contrato de formación en alternancia, dirigido a estudiantes de Formación Profesional, universidad y programas del Sistema Nacional de Empleo que combinan aprendizaje en centros educativos con trabajo en empresas. Este contrato deberá formalizarse por escrito y garantizar una doble tutoría: una en el centro educativo y otra dentro de la empresa. La retribución no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

La segunda modalidad es el contrato para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, comúnmente conocido como “contrato en prácticas”. Podrá formalizarse únicamente cuando la persona haya completado la titulación que habilita su desempeño laboral, ya sea universitaria o de Formación Profesional. Con este modelo, el Gobierno pretende que la etapa de transición al mercado de trabajo se realice en condiciones dignas y con garantías laborales.

Yolanda Díaz también destacó el papel del catálogo de especialidades del Servicio Público de Empleo, que permite adecuar la oferta formativa a las necesidades de sectores emergentes como los centros de datos y las energías renovables. Según la ministra, este marco permitirá que la formación práctica sea un instrumento directo para mejorar la competitividad de las empresas y atraer talento especializado.

Además de la regulación de los contratos formativos, el Consejo de Ministros abordó otros asuntos relevantes. Se inició el procedimiento legal para el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado, tras la renuncia de Álvaro García Ortiz. Peramato, con una trayectoria reconocida en la investigación penal y la defensa de los derechos de las mujeres, deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso antes de formalizarse su nombramiento mediante propuesta del Consejo de Ministros y designación del Rey.

También se aprobaron medidas urgentes para continuar con la recuperación económica y social de la isla de La Palma, especialmente dirigidas al sector primario y a los afectados por la destrucción de fincas y viviendas a causa de las erupciones volcánicas. Entre las medidas destacan una habilitación extraordinaria para ayudas económicas, una moratoria de créditos para agricultores y una reducción del 60% en el IRPF para residentes en la isla.

Por último, se aprobó una nueva declaración de zonas afectadas por emergencias de protección civil para 63 comarcas de 15 comunidades autónomas que han sufrido episodios catastróficos como inundaciones, incendios o temporales severos en los últimos meses.

Con la reforma de la formación laboral con los contratos formativos, el Gobierno considera completada la transformación estructural de la formación para el empleo, con especial impacto en los jóvenes y en quienes inician su carrera profesional. El Ejecutivo defiende que el nuevo modelo favorecerá una inserción laboral más sólida, justa y acorde a las demandas del mercado de trabajo actual.