CSIF firma un acuerdo para mejorar el empleo público y actualizar las retribuciones de 80.000 profesionales de la Junta de Andalucía

El acuerdo rubricado permitirá mejorar condiciones laborales, actualizar salarios y modernizar la Administración andaluza, reforzando el empleo público y los servicios esenciales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha firmado el Acuerdo para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en Andalucía, un documento que incluye la actualización retributiva de 80.000 profesionales de la Junta de Andalucía y que marca una hoja de ruta para transformar y modernizar la Administración autonómica durante el periodo 2026-2030. El acto de firma se celebró este martes en el Palacio de San Telmo, con la presencia del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y de representantes de las organizaciones sindicales firmantes.

CSIF, primera fuerza sindical en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración andaluza, destaca que el acuerdo desarrolla la Ley de Función Pública y supone un avance significativo en términos de estabilidad laboral, modernización organizativa y reconocimiento profesional. Asimismo, establece mejoras salariales y compromisos para reforzar servicios esenciales que dependen del empleo público.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, señaló que el acuerdo representa “una mejora real de las condiciones laborales en varios ámbitos del sector público andaluz” y demuestra que el diálogo social es la vía adecuada para alcanzar acuerdos que “dignifican al personal y fortalecen los servicios públicos”. No obstante, recordó que “el camino no ha sido fácil” y subrayó el papel de la movilización sindical celebrada el pasado 5 de noviembre ante el Palacio de San Telmo, que resultó decisiva para desbloquear la negociación.

El acuerdo establece avances en múltiples áreas relacionadas con la carrera profesional, la productividad, la evaluación del desempeño, la actualización de convenios colectivos y la finalización del VII Convenio del personal laboral. También permitirá la recuperación progresiva del derecho a la acción social, suspendido desde 2012, así como el impulso de la promoción interna mediante la reorganización estratégica de puestos y vacantes.

Otro de los pilares del documento es la implantación de un nuevo modelo de prevención y salud laboral, así como la apuesta por la formación continua por competencias, un ámbito considerado clave para la modernización de la Administración y la adaptación de los empleados públicos a los nuevos retos tecnológicos y organizativos.

CSIF considera que este acuerdo supone un compromiso institucional sólido entre la Junta de Andalucía y los representantes de los empleados públicos, con el objetivo de construir una Administración más ágil, eficiente y capaz de responder a las demandas de la ciudadanía. Para el sindicato, la mejora del empleo público debe traducirse de manera directa en una mejor prestación de servicios esenciales y en un funcionamiento más eficaz de los organismos y entes instrumentales.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía apuntó que el acuerdo firmado “es un buen punto de partida y un modelo que debe extenderse al resto de ámbitos de la Administración andaluza”. Afirmó también que la mejora de las condiciones laborales del personal no solo beneficia a los trabajadores, sino que “actúa como una palanca de transformación para responder eficazmente a los retos que la sociedad andaluza demanda”.

El documento incluye compromisos presupuestarios y la creación de una comisión paritaria entre la Junta y las organizaciones sindicales para supervisar el cumplimiento de los acuerdos. Esta comisión se reunirá de forma semestral para evaluar los avances y garantizar que las medidas recogidas se ejecutan conforme a los plazos y objetivos establecidos.

Para CSIF, la firma del acuerdo constituye un paso “realista y evaluable” hacia un modelo de empleo público más moderno, estable y cualificado. El sindicato afirma que velará para que todas las medidas consensuadas se apliquen íntegramente y se reserva la adopción de acciones necesarias en caso de incumplimiento.