La Junta de Andalucía realiza su primer tratamiento aéreo con drones contra la procesionaria del pino
La Junta aplica por primera vez tratamientos con drones contra la procesionaria del pino, actuando en 449 hectáreas de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla para mejorar la protección forestal.

La Junta de Andalucía ha llevado a cabo por primera vez una campaña de tratamientos aéreos mediante drones para el control de la procesionaria del pino en distintas zonas forestales de la comunidad. La actuación, desarrollada durante los meses de noviembre y diciembre, ha permitido aplicar tratamientos selectivos en cerca de 450 hectáreas distribuidas entre las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, en el marco del Plan de Aplicación Aérea aprobado el pasado mes de julio por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad.
El uso de aeronaves no tripuladas supone un avance significativo en la gestión sanitaria de los montes andaluces, al permitir un tratamiento más preciso, homogéneo y eficiente, especialmente en áreas donde la maquinaria convencional encuentra limitaciones. La técnica utilizada, basada en Ultra Bajo Volumen, reduce la cantidad de producto aplicado y garantiza una cobertura óptima. El tratamiento se ha realizado con un formulado de cipermetrina al 0,35%, autorizado para el control de la procesionaria y adaptado a las condiciones de masas forestales donde se requiere una intervención selectiva.
Esta campaña se enmarca en un contexto climático que favorece la proliferación de plagas y altera los equilibrios naturales de los ecosistemas forestales. La Junta ha subrayado que la procesionaria del pino constituye una amenaza por su capacidad defoliadora y los efectos urticantes de sus orugas, que afectan tanto a las masas forestales como a la salud de personas y animales. Aunque normalmente no provoca la muerte directa de los pinares, sí puede debilitarlos y hacerlos más vulnerables ante otros agentes nocivos, especialmente en escenarios de estrés hídrico o temperaturas extremas.
La planificación de los trabajos se ha realizado a partir de la información obtenida por la Red Andaluza de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas Forestales, la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal y la Red de Vigilancia de Agentes Nocivos. Estas herramientas permiten determinar con precisión en qué zonas es necesario intervenir y cuándo aplicar los tratamientos para lograr la máxima eficacia, coincidiendo con fases larvarias en las que el control resulta más efectivo.
En Cádiz, los tratamientos se han concentrado en Huerta Grande, en Algeciras, donde se han tratado 0,86 hectáreas; en el pinar de La Algaida de Doñana, en Sanlúcar de Barrameda, con 47,56 hectáreas; y en el monte de La Rocina, en Almonte, con 17,88 hectáreas. En Huelva, donde se ha actuado en el mayor número de localizaciones, destacan la Dehesa de Aljaraque, el Campo Común de Abajo en Cartaya, diversas zonas de Rociana del Condado, Lucena del Puerto, El Granado e Hinojos, así como áreas de Higuera de la Sierra.
La provincia de Málaga ha sido una de las que han concentrado mayor superficie tratada, con intervenciones en la Dehesa del Mercadillo en Ronda, los pinares de Málaga capital, Sierra Tejeda en Sedella y el Pinar del Hacho en Antequera. En Sevilla, los trabajos se han centrado en el pinar de Doña, en Utrera. En total, la superficie tratada asciende a 449,21 hectáreas.
Cada vuelo realizado durante la campaña ha generado un registro técnico detallado, lo que permite garantizar la trazabilidad de las aplicaciones y un control exhaustivo del proceso. Esta metodología es especialmente útil en zonas de uso público, donde la seguridad de visitantes y la protección ambiental constituyen elementos prioritarios.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente subraya que este tipo de actuaciones forman parte de una estrategia integral que vincula la salud de los ecosistemas forestales con la salud pública, en línea con los principios de One Health. Además, se enmarca en los objetivos del Plan Forestal Andaluz 2030 y en los avances previstos en la futura Ley de Montes de Andalucía, orientados a reforzar la resiliencia de los montes frente al cambio climático y garantizar su conservación y uso social.
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