Consumo sanciona con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

Consumo sanciona con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia y publicar miles de anuncios contrarios a la normativa de protección de consumidores

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a la plataforma Airbnb con 64.055.311 euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia, una infracción considerada grave por vulnerar la normativa de protección de las personas consumidoras. La sanción es firme y agota la vía administrativa tras la resolución del recurso de alzada, que ha sido desestimado por el ministro Pablo Bustinduy.

La multa, impuesta a la conocida plataforma de alquiler de alojamientos turísticos, se deriva de la publicación de un total de 65.122 anuncios que incumplían la legislación vigente. Entre las irregularidades detectadas figura la oferta de viviendas sin número de licencia o registro obligatorio, exigido por la mayoría de las normativas autonómicas, así como la inclusión de datos incorrectos o engañosos en relación con la naturaleza jurídica de los anfitriones.

Según ha informado el Ministerio, estas prácticas constituyen una infracción grave por prácticas comerciales desleales hacia las personas consumidoras, al ofrecer información que no se ajusta a la realidad y que puede inducir a error sobre la legalidad de los alojamientos anunciados. La cuantía principal de la sanción, superior a los 64 millones de euros, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que mantuvo activos los anuncios irregulares tras haber sido advertida por Consumo.

Además de la sanción económica, la resolución impone dos medidas accesorias. Por un lado, obliga a Airbnb a eliminar los contenidos considerados ilícitos y a rectificar los incumplimientos detectados. Por otro, establece la obligación de hacer pública la multa impuesta, como medida adicional de carácter disuasorio.

El expediente sancionador también incluye otras infracciones. En concreto, se ha impuesto una sanción leve de 10.000 euros por incumplir las obligaciones de información en los contratos celebrados a distancia, al omitir datos sobre si los anfitriones actuaban como particulares o como profesionales. Esta información resulta clave para que las personas usuarias conozcan el nivel de protección del que disponen al formalizar el alquiler.

Asimismo, se ha sancionado a la plataforma con otros 10.000 euros por obstrucción a la labor inspectora, al no atender los requerimientos de información realizados por el Ministerio durante la instrucción del expediente. A ello se suma una nueva infracción grave, sancionada con 55.000 euros, por incumplir las órdenes y medidas provisionales dictadas para evitar que continuaran produciéndose perjuicios a los consumidores mientras se tramitaba el procedimiento.

Desde el Ministerio de Consumo se ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había respaldado previamente la orden de retirada de los anuncios irregulares dictada por el departamento en distintos autos judiciales, lo que refuerza la legalidad de la actuación administrativa culminada ahora con esta sanción firme.

La sanción a Airbnb se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio para reforzar el control sobre el mercado de la vivienda y los alquileres turísticos. En este ámbito, Consumo mantiene abiertos otros expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión de alquileres, especialmente aquellas que afectan de forma directa a los derechos de los inquilinos.

El ministro Pablo Bustinduy ha vinculado esta actuación a la necesidad de abordar la crisis de la vivienda en España, una de las principales preocupaciones sociales y económicas del país. Según ha señalado, la proliferación de modelos de negocio que incumplen la normativa contribuye a tensionar el mercado y a dificultar el acceso a la vivienda para miles de familias.

Desde el departamento se insiste en que la sanción a Airbnb lanza un mensaje claro al conjunto del sector: ninguna empresa, con independencia de su tamaño o capacidad económica, puede situarse al margen de la ley ni vulnerar los derechos de las personas consumidoras. El Ministerio considera que el cumplimiento estricto de la normativa es esencial para garantizar un mercado más transparente, equilibrado y justo.

Con esta resolución, Consumo refuerza su papel como autoridad de control frente a prácticas irregulares en el ámbito del alquiler turístico y avanza en su objetivo de proteger a los consumidores y contribuir a una regulación más efectiva del mercado de la vivienda.