La Junta amplía hasta los 25 años la ayuda económica a huérfanos de violencia de género

La Junta amplía hasta los 25 años la ayuda económica a huérfanos de violencia de género para reforzar la atención al trauma y la vulnerabilidad social tras el asesinato de sus madres.

La Junta de Andalucía ha ampliado hasta los 25 años la prestación económica destinada a los hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de violencia de género, una medida que busca reforzar la atención a la situación de especial vulnerabilidad que sufren estos menores y jóvenes tras el asesinato de sus madres. La iniciativa ha sido destacada este martes en Cádiz por el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón.

Hasta ahora, esta ayuda económica se extinguía al alcanzar la mayoría de edad, a los 18 años. Con la nueva ampliación, la prestación podrá percibirse hasta los 25 años, ampliando así el periodo de apoyo institucional en una etapa clave para la formación, la inserción laboral y la estabilidad personal de los jóvenes afectados por la violencia de género.

Alfonso Candón ha señalado que esta medida, gestionada a través del Instituto Andaluz de la Mujer, responde a la necesidad de atender tanto el trauma emocional como la vulnerabilidad socioeconómica que padecen los hijos e hijas de las mujeres asesinadas. El delegado ha subrayado que se trata de una población especialmente sensible, que requiere un acompañamiento prolongado en el tiempo para favorecer su recuperación y su integración social.

Desde la puesta en marcha de este derecho, se han concedido un total de 37 ayudas en Andalucía, de las cuales cuatro corresponden a la provincia de Cádiz. Estos datos reflejan el alcance de una prestación que, aunque dirigida a un colectivo reducido, tiene un fuerte impacto social y simbólico en la protección de las víctimas indirectas de la violencia de género.

La ampliación hasta los 25 años de la ayuda económica a huérfanos de violencia de género se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno andaluz orientada a mejorar la atención integral a las víctimas. Según ha explicado Candón, el objetivo es reforzar los recursos de apoyo y acompañamiento, así como avanzar en la prevención y erradicación de esta lacra social desde una respuesta coordinada entre administraciones.

La prestación está dirigida a hijos e hijas de hasta 25 años cuya madre residiera en Andalucía en el momento del asesinato o bien que vivan en la comunidad autónoma cuando se produjo el crimen. Para acceder a la ayuda, los beneficiarios deben tener menos de 25 años en el momento de presentar la solicitud, con independencia de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor de la modificación normativa.

En cuanto a su cuantía, la ayuda consiste en una prestación anual de 5.000 euros, que se concede previa solicitud y sin tener en cuenta la renta familiar. El pago se realiza en un único abono anual tras la resolución favorable y se mantiene hasta que el beneficiario alcanza los 25 años. La cuantía se actualiza conforme al Índice de Precios al Consumo, de modo que en 2025 el importe asciende a 5.140 euros.

Esta prestación tiene además carácter retroactivo y es compatible y complementaria con cualquier otra ayuda pública o privada que se perciba por el mismo motivo. De este modo, se garantiza que los jóvenes puedan acceder a distintos recursos de apoyo sin que unos excluyan a otros, reforzando así la protección social de este colectivo.

Durante la presentación de la medida, Alfonso Candón estuvo acompañado por la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Blanca Merino. Ambos destacaron la importancia de mantener una respuesta institucional sostenida en el tiempo y adaptada a las necesidades reales de las víctimas de la violencia de género.

El delegado territorial insistió en que la ampliación hasta los 25 años de la ayuda económica a huérfanos de violencia de género supone un paso más en el compromiso de Andalucía con las víctimas. Asimismo, apeló a la implicación de todas las administraciones y de la sociedad en su conjunto para avanzar en la erradicación de la violencia de género y en la protección de quienes sufren sus consecuencias más graves.