Vox pide al Gobierno frenar la inclusión de Gibraltar en federaciones internacionales de rugby y pádel

El grupo reclama al Ejecutivo que presente quejas formales ante los organismos deportivos y respalde las acciones de la Federación Española de Rugby

Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) en la que reclama al Gobierno que actúe frente a la inclusión de Gibraltar en competiciones internacionales de rugby y pádel, solicitando que se presenten quejas formales ante los organismos deportivos y que se apoye la impugnación promovida por la Real Federación Española de Rugby.

En la iniciativa, la formación señala que las federaciones deportivas representan a Estados soberanos y no a territorios con “estatus políticos controvertidos”, y argumenta que la adhesión de Gibraltar como miembro de pleno derecho en Rugby Europe y en la Federación Internacional de Pádel supone un reconocimiento internacional que, a su juicio, afecta a las relaciones entre federaciones y gobiernos.

Vox defiende que estas incorporaciones se habrían producido “sin la debida transparencia” y sin alcanzar los apoyos estatutariamente requeridos, citando el malestar expresado por la Federación Española de Rugby, que ha anunciado acciones legales contra el cambio de estatutos que habilitó la integración de Gibraltar en Rugby Europe.

En el texto registrado, el grupo insta al Gobierno a rechazar de forma expresa la incorporación de Gibraltar en Rugby Europe, presentar una queja institucional ante el organismo europeo y respaldar la impugnación judicial de la Federación Española de Rugby. También solicita que Exteriores intervenga ante las autoridades deportivas competentes.

De forma paralela, la iniciativa reclama al Ejecutivo que presente una queja ante la Federación Internacional de Pádel por la admisión de la Asociación de Pádel de Gibraltar, y promover las acciones pertinentes para que los organismos deportivos internacionales solo puedan estar integrados por Estados soberanos.

La proposición no de ley será debatida en comisión y, en caso de ser aprobada, trasladaría al Gobierno un mandato político no vinculante. La iniciativa se presenta en un contexto marcado por el cierre en diciembre del acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit, aún pendiente de ratificación final.