CSIF solicita al presidente y a la dirección del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) que suspenda cautelarmente a todos los implicados en los presuntos delitos investigados por la UDEF que se encuentren en activo, y que sean separados del servicio hasta que la Justicia se pronuncie. Según explica el responsable provincial de Administración Local de CSIF Cádiz, Francisco Silvestre, “prácticamente la mitad de los involucrados mantienen actualmente sus cargos, tanto directivos como operativos, en este organismo, y no es lógico que sigan trabajando como si nada cuando la Policía los ha relacionado con unos delitos tan graves”. Igualmente, Silvestre, sorprendido por la magnitud de la irregularidades, no entiende cómo pueden estar implicadas personas relacionadas con un sindicato cuando se ha estado perjudicando a sus propios compañeros profesionales del colectivo de bomberos”.
CSIF, que se ha personado en esta causa, ha estudiado la documentación entregada por la UDEF, y considera que se está ocasionando un “enorme daño a la Administración pública”, perjudicando a los trabajadores y a la propia imagen de esta institución, ya deteriorada de por sí por la acumulación de denuncias por otras irregularidades y por la gran necesidad de personal y de medios que padece desde hace años.
Silvestre considera que “los presuntos delitos son muy graves dentro de una administración pública, puesto que ésta se sustenta de los presupuestos de los distintos ayuntamientos, que a su vez, se nutren de los impuestos de los ciudadanos”. “Se ha estado jugando con el dinero que aporta la gente para recibir un servicio tan básico como es el de bomberos”, ha subrayado.
Por último, CSIF espera que la Justicia dicte sentencia lo antes posible para evitar que los daños al Consorcio, a los profesionales y a los ciudadanos se extiendan en el tiempo.