PP y Vox reclaman que el acuerdo europeo sobre Gibraltar se vote en el Congreso
PP y Vox exigen que el acuerdo europeo sobre Gibraltar sea ratificado por las Cortes Generales, mientras el Ministerio de Exteriores sostiene que basta con la aprobación del Parlamento Europeo al tratarse de un acuerdo de la Unión Europea con Reino Unido.
El acuerdo europeo sobre Gibraltar alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit ha abierto un nuevo frente político en España. El Partido Popular y Vox han reclamado que el texto sea sometido a votación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores considera que no es necesario al tratarse de un acuerdo de asociación de la UE con un tercer Estado.
El debate se ha trasladado esta semana a la Comisión Mixta para la Unión Europea, donde compareció el secretario general para la UE, Carlos Moreno. Allí, el diputado de Vox José María Sánchez García defendió que la ratificación debe realizarse mediante ley orgánica, al entender que así lo exige el artículo 93 de la Constitución para la cesión de competencias derivadas de tratados internacionales.
Sánchez García sostuvo que la autorización parlamentaria es obligatoria por razones de derecho constitucional. En la misma línea, el Partido Popular ha registrado una proposición no de ley para que el Gobierno aplique el artículo 94.1 de la Constitución y someta el acuerdo al Parlamento antes de su entrada en vigor.
Según el PP, el acuerdo encaja en varios de los supuestos que requieren autorización previa de las Cortes Generales: afectar a la integridad territorial, tener carácter político, implicar obligaciones financieras para la Hacienda pública o requerir medidas legislativas para su ejecución. En su iniciativa, los populares subrayan que la ratificación parlamentaria constituye “una exigencia constitucional insoslayable”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, por su parte, mantiene que el procedimiento seguido es el correcto. Durante su comparecencia la semana pasada, el ministro José Manuel Albares calificó el acuerdo de “histórico” y aseguró que cumple los objetivos marcados por el Gobierno. También destacó que el Consejo de la Unión Europea ha dado su respaldo unánime para que el texto pueda empezar a aplicarse provisionalmente a partir del próximo mes de julio.
El secretario general para la UE explicó en el Congreso que los servicios jurídicos de la Comisión Europea, del Consejo y de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la UE avalan que se trata de un acuerdo de asociación comunitario. Por tanto, según esta interpretación, no es necesaria la ratificación individual en los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros, sino únicamente la aprobación del Parlamento Europeo.
Más allá del debate jurídico, el PP ha criticado también la falta de información durante las negociaciones. En su proposición no de ley, sostiene que las Cortes Generales no fueron informadas de los aspectos sustantivos del acuerdo y que el texto definitivo no se ha publicado en castellano, lo que, a su juicio, dificulta el conocimiento público de su contenido.
El acuerdo europeo sobre Gibraltar regula la relación del Peñón con la Unión Europea tras la salida del Reino Unido del bloque comunitario. Su aplicación tiene impacto directo en el Campo de Gibraltar, donde miles de trabajadores transfronterizos cruzan a diario la verja y donde la economía local mantiene una estrecha vinculación con el territorio británico.
La cuestión del procedimiento de ratificación llegará previsiblemente al Pleno del Congreso en las próximas semanas, cuando se debata la iniciativa registrada por el PP. Aunque las proposiciones no de ley no tienen carácter vinculante, el debate servirá para fijar la posición de los grupos parlamentarios sobre un acuerdo que afecta de forma directa a la provincia de Cádiz.
Mientras tanto, el Gobierno defiende que el proceso se ajusta a la normativa europea y que la entrada en vigor provisional prevista para julio permitirá aportar estabilidad jurídica y económica a la zona. La oposición insiste en que el Parlamento español debe pronunciarse formalmente antes de que el acuerdo despliegue todos sus efectos.
