Sumar reclama una compensación por el campo de adiestramiento del Retín para Barbate
La diputada Esther Gil de Reboleño solicita en el Congreso una compensación por el campo de adiestramiento del Retín de hasta cuatro millones de euros anuales para Barbate por la ocupación militar de casi el 40% de su término municipal.
La diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Esther Gil de Reboleño, ha instado al Gobierno central a establecer una compensación por el campo de adiestramiento del Retín para el municipio de Barbate (Cádiz), con una dotación estimada en cuatro millones de euros anuales. La petición se formuló durante su intervención en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
La iniciativa plantea que el Estado habilite un mecanismo específico para compensar la servidumbre militar derivada del uso del Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, un espacio de unas 5.400 hectáreas situado en el término municipal barbateño y que representa aproximadamente el 40% de su territorio.
Según expuso la diputada, esta compensación podría articularse mediante una partida fija anual consignada en los Presupuestos Generales del Estado o, alternativamente, a través de inversiones finalistas destinadas a proyectos concretos. Entre ellos, citó el impulso de actividad industrial sostenible, la mejora de infraestructuras de comunicación, actuaciones en saneamiento y tratamiento de agua y el refuerzo de servicios públicos. También propuso la elaboración de un plan plurianual que atienda lo que considera una deuda acumulada tras más de cuatro décadas de uso militar de estos terrenos.
El Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín es utilizado por la Armada española y acoge maniobras militares, incluidos ejercicios anfibios y tácticos, así como prácticas de tiro. Estas actividades implican restricciones periódicas de acceso y limitaciones de uso del suelo, lo que, según la parlamentaria, condiciona el desarrollo económico y otros aprovechamientos posibles del territorio.
Durante su intervención, Gil de Reboleño señaló que el Ayuntamiento de Barbate no percibe actualmente ninguna contraprestación económica por la utilización de estos terrenos por parte del Ministerio de Defensa. En este sentido, comparó la situación con la de otros municipios que albergan instalaciones militares vinculadas al Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos, como Rota o localidades próximas a la base aérea de Morón.
De acuerdo con los datos aportados en la comisión, los Presupuestos Generales del Estado contemplan partidas específicas para compensar a municipios afectados por bases militares estadounidenses. En el caso de Rota, la asignación ronda el millón de euros anuales, mientras que los municipios del entorno de Morón se reparten más de un millón adicional.
El Ejecutivo, según explicó la diputada, justifica estas compensaciones por las singularidades fiscales y las servidumbres derivadas del uso compartido con un país tercero. Sin embargo, Sumar considera que Barbate soporta un nivel de afección territorial superior al de otros municipios compensados y que la ausencia de un convenio internacional no debería excluirlo de un mecanismo similar.
La propuesta recoge una reivindicación que el Ayuntamiento de Barbate viene planteando desde hace años. El Consistorio estima en torno a cuatro millones de euros anuales la cuantía necesaria para compensar la imposibilidad de utilizar esos suelos y para reforzar su capacidad inversora. Esta demanda ha sido respaldada por campañas ciudadanas, recogidas de firmas e iniciativas políticas tanto en el Parlamento andaluz como en las Cortes Generales.
En legislaturas anteriores se aprobaron proposiciones no de ley para estudiar posibles compensaciones o la desafectación de los terrenos. En la actual, se ha registrado también una pregunta parlamentaria sobre esta cuestión. Según expuso la diputada, la respuesta del Gobierno se limitó a reiterar el régimen aplicable a bases extranjeras, sin valorar específicamente el caso de Barbate.
La reclamación reabre el debate sobre el impacto territorial y económico del campo de adiestramiento en el municipio gaditano, cuya economía depende en buena medida de la pesca, el turismo y los servicios, y que mantiene desde hace décadas una parte significativa de su término municipal bajo uso exclusivo militar.
