El pleno provincial da luz verde a una propuesta de IU para reclamar a la Junta de Andalucía que garantice la ejecución y ampliación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
El Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado una moción impulsada por Izquierda Unida para reclamar a la Junta de Andalucía que garantice la ejecución, ampliación y blindaje del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, recientemente aprobado por el Gobierno de España.
La propuesta salió adelante con los votos favorables de IU, PSOE y La Línea 100×100, mientras que el Partido Popular votó en contra.
El diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, defendió durante el pleno la necesidad de reforzar las políticas públicas de vivienda y evitar que las promociones construidas con financiación pública puedan acabar incorporándose al mercado privado.
Según explicó Galán, uno de los principales objetivos de la iniciativa es impedir la privatización futura de viviendas protegidas financiadas con fondos públicos.
La moción aprobada insta a la Junta de Andalucía a garantizar que las viviendas públicas promovidas o adquiridas con financiación pública sean gestionadas directamente por las administraciones y mantengan de forma permanente su calificación como vivienda protegida.
El texto también reclama mecanismos de control y evaluación continua del plan estatal, así como el mantenimiento y ampliación de la financiación pública destinada a vivienda.
Durante el debate, Ramón Galán destacó la dotación económica prevista en el Plan Estatal de Vivienda, cifrada en 7.000 millones de euros a nivel nacional, de los cuales 1.197 millones corresponderían a Andalucía.
El diputado de IU señaló además que el 40% de estos recursos se destinará a construcción de vivienda pública, otro 30% a rehabilitación de inmuebles y el resto a ayudas para colectivos vulnerables orientadas al alquiler o adquisición de vivienda.
Galán defendió que España continúa por debajo de la media europea en vivienda social, al situarse actualmente en torno al 3,3% frente al 8% de otros países europeos.
Además de esta iniciativa, el pleno provincial aprobó otra moción conjunta presentada por IU y La Línea 100×100 en defensa del río Guadalquivir y contra los posibles vertidos contaminantes asociados a la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
La propuesta, aprobada con la abstención del Partido Popular, respalda la iniciativa ‘Salvemos el río Guadalquivir’ y reclama una moratoria a los vertidos de explotaciones mineras ante el riesgo de acumulación de metales pesados en el cauce del río.
Ramón Galán advirtió de las posibles consecuencias para municipios de la Costa Noroeste de Cádiz como Trebujena, Sanlúcar, Chipiona o Rota.
La moción solicita además la creación de un comité científico independiente encargado de evaluar los posibles impactos ambientales sobre el Guadalquivir y establecer mecanismos de seguimiento y control.
Durante la sesión plenaria, IU también trasladó su preocupación por el futuro de la finca de El Madrugador, en El Puerto de Santa María, después de que la Diputación cediera su gestión al alcalde portuense y vicepresidente cuarto de la institución provincial, Germán Beardo.
Galán aseguró que su formación seguirá “muy atenta” a la evolución del expediente y reclamó información sobre los pasos que adopte el Gobierno provincial respecto a estas instalaciones.
