Hay momentos en los que la política debería saber apartarse del ruido. Momentos en los que lo razonable sería bajar el tono, medir las palabras y entender que existen asuntos demasiado graves como para convertirlos en una pelea partidista más. Pero eso no es lo que está ocurriendo en Cádiz.
La cuenta del Grupo Popular en el Ayuntamiento ha decidido afrontar la polémica por la condena por malos tratos a Juan Carlos Aragón mediante una estrategia de confrontación política constante en X. No poniendo el foco en la víctima. No apelando a la prudencia institucional. No tratando de rebajar la tensión en un asunto extraordinariamente delicado. Lo ha hecho a golpe de reproches, capturas, acusaciones y mensajes orientados claramente a construir un relato político defensivo.
Las publicaciones hablan por sí solas. “Lo ocultaron y lo silenciaron”. “Aquí el resumen”. “Lo sabían desde 2021”. “Dejad de politiqueo”. “Este es vuestro sentido común”. Mensajes publicados desde una cuenta vinculada al gobierno municipal con un objetivo muy concreto: desplazar el debate público hacia el anterior equipo de gobierno y presentar la polémica como una supuesta hipocresía de la izquierda gaditana.
Y probablemente exista un debate legítimo sobre quién sabía qué y qué decisiones se tomaron en aquel momento. Pero una cosa es exigir explicaciones y otra muy distinta convertir un caso de violencia machista en una campaña política en redes sociales.
Porque lo que se está viendo estos días no transmite precisamente serenidad institucional. Transmite ansiedad política.
La sensación que dejan muchas de esas publicaciones es que existe una necesidad urgente de aprovechar un hecho lamentable para sacar ventaja al adversario político. Y ahí es donde la estrategia del PP empieza a resultar profundamente desafortunada.
Porque un asunto así exige sensibilidad extrema. Exige prudencia. Exige entender que detrás del ruido político existe una víctima real y unos hechos judiciales muy graves. Exige asumir que las instituciones pueden equivocarse y actuar en consecuencia sin necesidad de convertir cada explicación en un combate partidista.
Sin embargo, la cuenta del Grupo Popular ha optado por exactamente lo contrario: transformar X en un campo de batalla político en tiempo real.
No parece una comunicación institucional. Parece una ofensiva diseñada para ganar el relato.
Y hay además un elemento especialmente revelador en toda esta estrategia: las personas a las que el PP señala constantemente ya no gobiernan Cádiz.
Ni José María González es alcalde ni Lola Cazalilla forma parte hoy de la corporación municipal. El anterior ejecutivo perdió las elecciones y abandonó el gobierno de la ciudad hace ya años. Las posibles responsabilidades políticas derivadas de su actuación —si las hubiera— quedaron sometidas al juicio democrático de las urnas.
Por eso resulta tan llamativa la insistencia del Grupo Popular en centrar el debate público en un gobierno que ya no existe políticamente mientras evita mirar hacia el presente. En lugar de asumir con discreción y responsabilidad la gravedad de lo ocurrido, el PP ha decidido responder con una campaña de desgaste político en redes sociales.
Hay algo profundamente impropio en convertir un asunto de violencia machista en una sucesión de zascas, reproches y capturas compartidas desde una cuenta institucional vinculada al gobierno de la ciudad.
La ciudadanía no necesita community managers enfadados ni dirigentes obsesionados con repartir culpas minuto a minuto. Necesita instituciones capaces de actuar con altura, prudencia y respeto ante situaciones extremadamente sensibles.
Y eso, sinceramente, no es lo que está transmitiendo el PP de Cádiz en estos momentos.
Porque cuando una condena por malos tratos termina convertida en munición política, el problema ya no es solo la batalla partidista.
El problema es la degradación moral del debate público.
