Las compras online de menos de 150 euros fuera de la UE pagarán un arancel de 3 euros desde el 1 de julio
El nuevo reglamento comunitario elimina la exención aduanera en las compras online de menos de 150 euros procedentes de terceros países y establece un recargo temporal de 3 euros por categoría de artículo hasta 2028.

Las compras online de menos de 150 euros procedentes de países fuera de la Unión Europea dejarán de estar exentas de aranceles a partir del 1 de julio. La nueva normativa comunitaria elimina la franquicia aduanera vigente hasta ahora e introduce un recargo fijo de 3 euros por cada categoría de artículo en los envíos cuyo valor intrínseco no supere ese importe.
La medida, aprobada por el Consejo de la Unión Europea, afectará a los pedidos realizados en plataformas de comercio electrónico de terceros países y gestionados a través del sistema europeo de ventanilla única para importaciones (IOSS), así como a los enviados por correo postal. En el caso de operadores que no estén adheridos al sistema IOSS, seguirá aplicándose el arancel aduanero común completo.
Hasta ahora, los productos importados desde fuera de la UE con un valor inferior a 150 euros no pagaban derechos de aduana. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, todos los envíos estarán sujetos a control aduanero y, en determinados casos, al pago de estos derechos.
La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha informado del cambio normativo y advierte de que puede tener un impacto directo en el precio final que paguen los consumidores. El recargo de 3 euros por categoría de artículo se aplicará de forma temporal, entre el 1 de julio de 2026 y el 1 de julio de 2028, mientras se desarrolla una infraestructura informática centralizada para el cálculo y notificación de la deuda aduanera.
Según la información trasladada por la administración autonómica, la reforma responde al aumento del comercio electrónico internacional y al incremento de importaciones de bajo valor en los últimos años. La UE considera que la exención vigente hasta ahora ya no está justificada en un entorno aduanero digitalizado en el que se dispone de datos electrónicos de todas las importaciones.
El nuevo sistema puede traducirse en un encarecimiento de los productos adquiridos en plataformas internacionales de bajo coste, así como en posibles retrasos derivados de mayores controles aduaneros. Además del arancel fijo, podrían sumarse costes adicionales de gestión o despacho aduanero, en función de las condiciones comerciales de cada plataforma de venta.
Consumo subraya que el arancel se aplicará en función del lugar desde el que se envíe la mercancía. No será necesario abonar derechos de aduana si el producto ya se encuentra en España o en otro país de la Unión Europea en el momento de realizar el pedido, aunque la empresa tenga su sede fuera del territorio comunitario.
Por este motivo, se recomienda a los compradores comprobar la información sobre la ubicación real del almacén o centro logístico desde el que se enviará el artículo. Si la web no detalla de forma clara los posibles costes de aduana, conviene revisar los apartados de “Términos y Condiciones” o “Sobre nosotros”, donde suele figurar la dirección física de la empresa.
El momento en que se cobrará el nuevo arancel dependerá de cada operador. Algunas plataformas podrán incluirlo directamente en el precio final al formalizar la compra, mientras que en otros casos el pago podría exigirse en el momento de la entrega o durante el trámite aduanero.
Otro aspecto relevante es que la normativa europea no permite la devolución del arancel abonado si el consumidor decide devolver el producto. Solo se contempla la posibilidad de recuperar ese importe cuando se acredite que la mercancía estaba defectuosa o no se ajustaba a lo pactado en el contrato.
Ante posibles dudas, la ciudadanía puede recurrir al servicio Consumo Responde, dependiente de la Junta de Andalucía, que ofrece información y asesoramiento gratuito en materia de consumo. También se puede solicitar orientación en los servicios provinciales de Consumo y en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).
Con este cambio, la UE pone fin a una exención que durante años ha facilitado la compra de artículos de bajo coste fuera del mercado comunitario y que ahora quedará sujeta a un nuevo marco de control y tributación.


