El Consejo Andaluz de Graduados Sociales ve insuficiente el refuerzo judicial en Andalucía aprobado por el Gobierno

La organización profesional sostiene que el refuerzo judicial en Andalucía no responde al peso poblacional ni a la elevada litigiosidad de la comunidad y advierte de la sobrecarga en la jurisdicción social, también en provincias como Cádiz.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales considera insuficiente el refuerzo judicial en Andalucía aprobado por el Gobierno mediante el Real Decreto 559/2026, pese a valorar la creación de nuevas plazas como un avance para la Administración de Justicia.

La norma, aprobada en el último Consejo de Ministros, contempla 86 nuevas plazas judiciales territorializadas en Andalucía —95 si se incluyen los jueces de adscripción territorial del ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla—. De ellas, trece corresponden a la jurisdicción social.

Según el análisis realizado por el Consejo Andaluz, la comunidad, que es la más poblada de España y una de las que registra mayor nivel de litigiosidad, recibirá menos plazas territorializadas que Cataluña, que contará con 91. En términos relativos, la diferencia es mayor: Cataluña dispondrá de 1,11 nuevas plazas por cada 100.000 habitantes, frente a las 0,98 de Andalucía.

La organización profesional sostiene que esta ratio no se ajusta al peso demográfico andaluz ni a la carga de trabajo que soportan sus órganos judiciales. En este sentido, recuerda que Andalucía se mantiene entre las comunidades con una litigiosidad superior a la media nacional y con un volumen elevado de asuntos pendientes.

Especialmente significativa es la situación en la jurisdicción social, donde permanecen en tramitación cerca de 120.000 procedimientos en toda la comunidad. Esta acumulación de asuntos repercute en los tiempos de respuesta y en la demora para la celebración de juicios, lo que afecta tanto a trabajadores como a empresas.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz Vegas, señala que la creación de nuevas plazas “constituye un paso en la buena dirección”, aunque insiste en que la planificación debería tener en cuenta no solo el número absoluto de plazas, sino también la población, la litigiosidad y la carga efectiva de trabajo.

En la provincia de Cádiz, el análisis del Consejo apunta a que la programación aprobada corrige parcialmente déficits existentes, tanto en la capital como en otros partidos judiciales como Jerez de la Frontera. No obstante, la entidad considera que siguen siendo necesarios nuevos refuerzos en distintos puntos de Andalucía donde la sobrecarga, especialmente en el orden social, continúa siendo elevada.

El Consejo vincula esta situación con la necesidad de una estrategia sostenida de inversión en la Administración de Justicia, que combine el incremento de recursos humanos con una mejora de los medios materiales y tecnológicos. Todo ello, además, en el contexto del nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Junto al aumento de plazas, la corporación plantea potenciar mecanismos que contribuyan a reducir la carga de trabajo de los juzgados. Entre ellos, destaca el impulso de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC) y la mediación intrajudicial social, ámbitos en los que los colegios profesionales andaluces cuentan con bolsas de mediadores especializados.

Desde el Consejo se defiende que el uso de la mediación puede favorecer acuerdos y disminuir la litigiosidad, al tiempo que descarga de asuntos a los órganos judiciales. La organización expresa su disposición a colaborar con la Administración en iniciativas orientadas a agilizar la respuesta judicial.

En cualquier caso, la entidad hace un llamamiento a las administraciones competentes para mantener una política continuada de inversión que permita ajustar los recursos judiciales a las necesidades reales de Andalucía. A su juicio, el actual refuerzo judicial en Andalucía supone un avance, pero no resuelve de forma estructural los problemas de saturación que arrastra la jurisdicción social, una situación que también tiene impacto en la provincia de Cádiz.