Tres visiones enfrentadas sobre el estado de Cádiz

El Gobierno de Bruno García defendió que Cádiz «está avanzando», mientras Adelante Izquierda Gaditana y el PSOE rechazaron ese balance y cuestionaron la gestión municipal en ámbitos como la vivienda, la limpieza, la sanidad, las infraestructuras y los servicios públicos.

El Debate sobre el Estado de la Ciudad dejó desde el comienzo tres diagnósticos profundamente distintos sobre la situación de Cádiz. Frente al relato de avance defendido por el Gobierno municipal, Adelante Izquierda Gaditana y el PSOE coincidieron en rechazar el balance positivo del alcalde, aunque centraron sus críticas en aspectos diferentes.

Bruno García construyó su intervención alrededor de una idea repetida de forma constante: “la ciudad está avanzando”. El alcalde presentó un Cádiz con más inversión, menos deuda, mejores cifras de empleo, una mayor apuesta por la vivienda y varios proyectos históricos que, según defendió, han comenzado a salir de la parálisis.

El regidor reconoció que todavía quedan numerosos problemas pendientes y evitó hablar de triunfalismo, pero sostuvo que la lista de asuntos por resolver es más corta que la que encontró el Partido Popular al llegar al Gobierno. “Cosas por hacer, muchas, pero avanzando”, resumió.

Una parte importante de ese discurso se apoyó en la expresión “sanar heridas”. García la utilizó para referirse a obras bloqueadas, equipamientos cerrados y proyectos pendientes desde anteriores mandatos. A su juicio, el actual Ejecutivo ha optado por dejar atrás la resignación y solucionar problemas acumulados para que la ciudad pueda mirar al futuro “con más ilusión y más esperanza”.

Adelante Izquierda Gaditana rechazó frontalmente esa interpretación. La formación acusó al Gobierno de dedicar sus tres años de mandato a hacer “oposición de la oposición” y de utilizar permanentemente la gestión anterior como justificación de los problemas que aún no ha resuelto.

“Habla usted de sanar heridas; le está echando usted sal a esas heridas”, respondió su portavoz. Adelante sostuvo que el PP aplica un criterio interesado a la hora de repartir responsabilidades: cuando una actuación acumula retrasos o presenta dificultades, atribuye el problema al anterior equipo de gobierno; cuando una vivienda, una obra o un equipamiento se pone en funcionamiento, lo presenta como un logro exclusivo de la gestión actual.

La formación recordó, además, que el PP comenzó el mandato entregando viviendas e inaugurando instalaciones que ya habían sido financiadas, ejecutadas o rehabilitadas antes del cambio de Gobierno. Para Adelante, este comportamiento demuestra que el Ejecutivo municipal se apropia de los resultados positivos del trabajo heredado mientras responsabiliza al pasado de cualquier deficiencia.

El PSOE también negó que Cádiz se encuentre en el escenario de progreso descrito por Bruno García. Su portavoz, Óscar Torres, comparó el relato del alcalde con “un viaje en Eurodisney”, una visión que consideró alejada de la realidad diaria de la ciudad.

Los socialistas opusieron a los anuncios del Gobierno una extensa relación de proyectos que consideran paralizados, retrasados o incumplidos. Entre ellos mencionaron el nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia, Valcárcel, el centro de salud del Mentidero, el pabellón Portillo, el edificio del Rosario, la renovación de los autobuses, la rehabilitación de las Puertas de Tierra, la reurbanización de la avenida de Astilleros y el parque del cementerio.

A esta lista añadieron la situación de la limpieza, las playas, la vivienda, los aparcamientos y la continua pérdida de población. “No estamos debatiendo el estado a futuro ni los anuncios recurrentes; estamos debatiendo el estado actual de la ciudad”, sostuvo Torres, que acusó al alcalde de gobernar mediante “bandazos”, carecer de un modelo definido y haber perdido credibilidad.

El primer gran choque del pleno no se produjo, por tanto, únicamente alrededor de las cifras, sino sobre la propia definición de lo que debe considerarse gestión. El PP pidió evaluar el mandato por las inversiones movilizadas, las obras iniciadas y los proyectos desbloqueados. Adelante reclamó medir el avance a través de los derechos sociales, la calidad de los servicios públicos y la transformación del modelo urbano. El PSOE, por su parte, centró el análisis en la distancia que todavía existe entre los anuncios institucionales y la ejecución efectiva de las actuaciones prometidas.

Vivienda y pérdida de población, el principal reto de la ciudad

La vivienda ocupó una parte central del Debate sobre el Estado de la Ciudad y apareció vinculada de forma directa a uno de los problemas estructurales de Cádiz: la pérdida de población. Gobierno y oposición coincidieron en situarla entre las principales preocupaciones municipales, pero ofrecieron diagnósticos y modelos muy diferentes.

Bruno García identificó la caída de habitantes como “el mayor reto” de la ciudad y planteó tres líneas de actuación para afrontarla: aumentar la oferta de vivienda, generar empleo y reforzar el control del empadronamiento. Dentro de esa estrategia, el alcalde defendió una política basada en la construcción de nuevas promociones, la rehabilitación del parque existente, las ayudas al alquiler, la protección del uso residencial y la búsqueda de nuevos suelos.

El regidor aseguró que el Ayuntamiento ha pasado de los ocho millones de euros invertidos en vivienda durante los ocho años anteriores a disponer de 44 millones garantizados. Según los datos expuestos durante el pleno, el Gobierno ha entregado 50 viviendas, mantiene 106 en construcción, otras 72 en licitación y cuenta con financiación asegurada para 47 más, hasta alcanzar un objetivo global de 275.

“Vivienda, absolutamente prioridad en presupuesto, en voluntad y en tiempo”, afirmó García, que defendió además un parque residencial diverso. Frente a un modelo limitado exclusivamente al alquiler social, el Gobierno plantea combinar vivienda pública en alquiler, VPO en propiedad y promociones dirigidas a trabajadores con ingresos medios que desean permanecer en Cádiz.

El alcalde también reclamó la implicación de otras administraciones. Sostuvo que el Ayuntamiento está dispuesto a ceder suelo al Gobierno de España para construir nuevas viviendas y pidió que tanto el Ejecutivo central como la Junta de Andalucía incrementen sus inversiones en la capital. Al mismo tiempo, reivindicó las medidas municipales para proteger el uso residencial frente a los alojamientos turísticos y favorecer la transformación de espacios terciarios en viviendas.

Adelante Izquierda Gaditana cuestionó tanto las cifras como la autoría de las promociones presentadas por el PP. La formación sostuvo que las viviendas entregadas durante el actual mandato proceden de proyectos iniciados y financiados por el anterior equipo de gobierno, mientras que buena parte de las promociones previstas en alquiler dependen de remanentes municipales y fondos europeos Next Generation.

También acusó al Ejecutivo de continuar vendiendo viviendas del parque público de Procasa y criticó que las nuevas VPO de Loreto-Puntales, con precios que situó desde aproximadamente 220.000 euros, no respondan a la capacidad económica de muchas de las personas inscritas en el registro municipal de demandantes.

Adelante preguntó cuántas familias habían renunciado a esas promociones por no poder asumir el precio y cuestionó que una oferta de esas características pueda considerarse una respuesta efectiva a las necesidades recogidas por Procasa. La formación también reprochó al alcalde que exija vivienda pública al Gobierno de España mientras, a su juicio, no mantiene la misma presión sobre la Junta de Andalucía.

Frente al modelo municipal, Adelante defendió la construcción de vivienda pública destinada exclusivamente al alquiler, el refuerzo del parque público, un plan integral de rehabilitación para zonas como Puntales, la reducción del módulo de VPO, la prohibición de vender suelo municipal y la retirada de licencias turísticas en los barrios considerados saturados.

“Que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado”, resumió la formación, que vinculó directamente la permanencia de los gaditanos en la ciudad con la existencia de alquileres asequibles y de un parque público estable.

El PSOE centró su crítica en la distancia entre los compromisos electorales y la ejecución real. Óscar Torres recordó que Bruno García prometió aprovechar el planeamiento urbanístico para construir 3.512 viviendas, de las que 1.927 serían públicas, mientras que el documento presentado al pleno solo recogía 106 en construcción.

Para los socialistas, las promociones privadas avanzan con mayor rapidez que las públicas. Entre los ejemplos mencionados figuraron las viviendas de la antigua residencia de Tiempo Libre y las previstas en Puntales. El PSOE acusó además a Procasa de seguir vendiendo viviendas y suelo público mientras persiste una demanda creciente de alquiler asequible.

Torres comparó el precio de una VPO en Cádiz con el de una promoción similar en San Fernando. Según los datos que expuso, una vivienda de unos 50 metros cuadrados alcanzaría alrededor de 220.000 euros en la capital, frente a unos 90.000 en la localidad vecina.

“Aquí en Cádiz una VPO es una vivienda de renta libre”, afirmó. En la misma línea, acusó al Gobierno de no construir vivienda para los gaditanos y de facilitar, en cambio, promociones destinadas a compradores con mayor capacidad económica.

El PSOE relacionó este modelo con la pérdida histórica de población y puso en duda que el alcalde vaya a entregar antes de las próximas elecciones municipales una sola vivienda cuya construcción haya comenzado íntegramente durante su mandato. “No ha entregado ni una sola vivienda que usted haya empezado a construir”, resumió Torres.

PSOE y Adelante coincidieron en cuestionar el precio de las VPO, la venta de patrimonio público y la escasa producción propia atribuible al actual Gobierno. Sin embargo, sus planteamientos no fueron idénticos. Adelante formuló una alternativa basada claramente en el alquiler público, la conservación del suelo municipal y la reducción de las licencias turísticas. El PSOE puso mayor énfasis en el incumplimiento cuantitativo del programa electoral, el ritmo de ejecución y la diferencia entre el avance de las promociones públicas y privadas.

El debate sobre la vivienda terminó reflejando dos modelos contrapuestos. El Gobierno defendió una oferta diversa que combine alquiler social y propiedad protegida, mientras que la oposición cuestionó que los precios y el ritmo de construcción permitan frenar realmente la salida de población de Cádiz.

Grandes proyectos: entre el desbloqueo reivindicado y los anuncios pendientes

Los grandes proyectos urbanísticos e institucionales protagonizaron otro de los principales enfrentamientos del debate. Hospital, Valcárcel, Ciudad de la Justicia, Portillo, el instituto Rosario, el centro de salud del Mentidero, las Puertas de Tierra o la avenida de Astilleros sirvieron para escenificar dos lecturas completamente distintas sobre el momento que atraviesa la ciudad.

Bruno García defendió que el principal cambio experimentado por Cádiz durante el actual mandato ha sido precisamente el desbloqueo de actuaciones que permanecían paralizadas desde hacía años. El alcalde sostuvo que, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno municipal, «todos los grandes proyectos estaban parados» y que ahora todos ellos se encuentran en distintas fases de ejecución o tramitación.

Como ejemplo citó las obras del Portillo, el parque del cementerio y Valcárcel; la próxima licitación del proyecto del nuevo hospital; la financiación asegurada para la reurbanización de la avenida de Astilleros y las Puertas de Tierra; la adjudicación del centro de salud del Mentidero; además de las actuaciones en el muelle, el Teatro Romano o el Teatro Pemán. Para el regidor, estos avances han sido posibles gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Diputación y la Universidad de Cádiz.

El alcalde contrapuso esa situación con la de los anteriores mandatos municipales, a los que atribuyó la paralización de los principales proyectos estratégicos de la ciudad. «Cuando gobernaba la oposición, todos los grandes proyectos estaban parados, y ahora todos están avanzando», afirmó durante su intervención.

Adelante Izquierda Gaditana rechazó esa interpretación y acusó al Gobierno de utilizar políticamente proyectos cuya tramitación comenzó en etapas anteriores. Para la formación, el discurso del PP vuelve a repetir un mismo esquema: atribuir al anterior equipo de gobierno los retrasos y apropiarse de actuaciones heredadas cuando estas avanzan.

Uno de los ejemplos más repetidos fue el centro de salud del Mentidero. Adelante recordó que las obras deberían haberse iniciado en 2024 y criticó que la Junta y el Ayuntamiento hayan vuelto a presentar el proyecto como una novedad en varias ocasiones sin que el equipamiento entre todavía en funcionamiento. «¿Cuántas veces lo van a anunciar como un proyecto nuevo?», preguntó su portavoz.

La formación también centró parte de sus críticas en el nuevo hospital. Sostuvo que el Gobierno municipal no ha ejercido suficiente presión sobre la Junta de Andalucía para acelerar la actuación y recordó que finalmente fue el Estado quien cedió gratuitamente el suelo necesario para desarrollar el proyecto. A juicio de Adelante, la ausencia de avances visibles demuestra que las sucesivas presentaciones públicas no se han traducido todavía en una ejecución efectiva.

El PSOE realizó un análisis más detallado de cada uno de los grandes proyectos anunciados por el alcalde y puso en cuestión que muchos de ellos puedan considerarse ya una realidad. Óscar Torres sostuvo que en Valcárcel únicamente se está ejecutando la consolidación del edificio para evitar su deterioro, pero no el proyecto universitario comprometido inicialmente. También reprochó que la aportación de la Junta haya pasado, según afirmó, de los 60 millones de euros anunciados en un primer momento a apenas tres millones.

Sobre el edificio del Rosario, el portavoz socialista expresó sus dudas acerca de que pueda albergar finalmente la Escuela de Hostelería en las condiciones anunciadas. En relación con la Ciudad de la Justicia, preguntó «para cuándo la segunda piedra» y calificó la colocación de la primera como un acto de carácter electoral más que el inicio efectivo de la obra.

El PSOE también recordó que el antiguo pabellón Portillo fue demolido en 2008, durante una etapa de gobierno del Partido Popular, y subrayó que han transcurrido dieciocho años hasta que la ciudad vuelve a disponer de un proyecto para ese espacio. Respecto a la avenida de Astilleros, las Puertas de Tierra y el parque del cementerio, los socialistas cuestionaron que la financiación anunciada resulte suficiente o que las inversiones comprometidas se hayan traducido todavía en actuaciones visibles.

«No por mucho repetir una mentira, esa mentira se convierte en verdad», resumió Torres para cuestionar el relato del Gobierno sobre el estado de los grandes proyectos de la ciudad.

En su turno de réplica, Bruno García respondió especialmente a las críticas sobre Valcárcel. El alcalde defendió que la consolidación del edificio constituye un paso imprescindible para garantizar su conservación y reprochó al PSOE que la Diputación de Cádiz, gobernada durante años por los socialistas, permitiera el deterioro del inmueble hasta hacer necesaria esa intervención previa.

El debate sobre los grandes proyectos volvió a poner de manifiesto tres maneras distintas de interpretar la gestión municipal. Mientras el Gobierno reivindicó el desbloqueo de actuaciones históricas y la colaboración institucional como principal logro del mandato, Adelante denunció la apropiación política de proyectos heredados y el PSOE sostuvo que buena parte de las actuaciones siguen lejos de convertirse en las infraestructuras completas que fueron anunciadas a la ciudadanía.

La sanidad enfrenta a Gobierno y oposición por el papel del Ayuntamiento ante la Junta

La sanidad pública se convirtió en uno de los asuntos más políticos del debate y evidenció dos formas muy diferentes de entender el papel que debe desempeñar el Ayuntamiento. Mientras el Gobierno municipal defendió los avances logrados gracias a la colaboración con la Junta de Andalucía, la oposición reprochó al alcalde su falta de firmeza para reclamar mejoras en la asistencia sanitaria.

Bruno García situó entre los principales logros de su mandato el desbloqueo de las grandes infraestructuras sanitarias pendientes en la ciudad. El alcalde destacó la cesión del suelo para el nuevo hospital, el anuncio de la licitación de su proyecto y la próxima adjudicación del centro de salud del Mentidero, actuaciones que presentó como resultado del trabajo conjunto entre las distintas administraciones.

Para el regidor, estos avances demuestran que proyectos que permanecían bloqueados durante años han comenzado finalmente a avanzar gracias a una política de colaboración institucional, especialmente con la Junta de Andalucía.

Adelante Izquierda Gaditana ofreció una visión completamente distinta. La formación acusó al alcalde de mantener un silencio permanente ante el deterioro de la sanidad pública andaluza y de priorizar los intereses de su partido frente a la defensa de los ciudadanos.

«Tenemos un alcalde que jamás ha abierto la boca para defender a nuestros vecinos de las consecuencias del desmantelamiento de la sanidad pública», afirmó su portavoz, que reprochó al Gobierno municipal no haber respaldado las reivindicaciones de profesionales sanitarios, usuarios y colectivos como la Marea Blanca.

El centro de salud del Mentidero concentró buena parte de las críticas. Adelante denunció que el proyecto ha sido presentado públicamente en varias ocasiones como si se tratara de una actuación nueva, pese a que, según recordó, el calendario inicial contemplaba su puesta en funcionamiento hace meses. «¿Cuántas veces lo van a anunciar como un proyecto nuevo?», preguntó durante su intervención.

La formación también cuestionó la situación del nuevo hospital. Recordó que el Estado terminó cediendo gratuitamente el suelo necesario para su construcción, criticó la falta de información sobre el convenio firmado entre administraciones y reprochó al alcalde no haber exigido a la Junta una mayor rapidez en la ejecución del proyecto. A ello añadió referencias a las listas de espera, la reducción de camas en el Hospital Puerta del Mar y la ausencia, a su juicio, de una defensa pública del sistema sanitario por parte del Ayuntamiento.

El PSOE coincidió con Adelante en considerar insuficientes los avances anunciados por el Gobierno, aunque centró su intervención en el grado real de ejecución de las actuaciones comprometidas. Óscar Torres recordó que las obras del nuevo hospital todavía no han comenzado y subrayó que la cesión del suelo fue asumida por el Gobierno de España.

El portavoz socialista también cuestionó la financiación comprometida por la Junta de Andalucía para el proyecto. Negó que los presupuestos autonómicos de 2026 incluyan una partida finalista de diez millones de euros destinada al hospital e ironizó sobre su incorporación a la denominada unidad aceleradora de proyectos. «Llega a estar en la unidad ralentizadora de proyectos y no lo vemos», afirmó.

Respecto al centro de salud del Mentidero, el PSOE coincidió con Adelante en que los anuncios institucionales se han sucedido sin que el equipamiento haya entrado todavía en funcionamiento, poniendo como ejemplo la diferencia entre las presentaciones públicas y la ejecución efectiva de las obras.

Aunque ambos grupos de la oposición coincidieron en cuestionar la gestión sanitaria, el enfoque fue diferente. Adelante situó el debate en la defensa de la sanidad pública y criticó el silencio del alcalde frente a la Junta de Andalucía y el deterioro del sistema. El PSOE concentró sus reproches en el incumplimiento de los compromisos presupuestarios, la falta de ejecución material de las infraestructuras y el contraste entre los anuncios políticos y la realidad de los proyectos. Frente a esas críticas, el Gobierno municipal insistió en que la cesión del suelo, la próxima licitación del hospital y la adjudicación del Mentidero acreditan que unas actuaciones bloqueadas durante años han comenzado finalmente a desbloquearse.

La limpieza y el mantenimiento urbano, otro de los grandes focos del enfrentamiento

El estado de la limpieza, el mantenimiento de los espacios públicos y la conservación de las playas protagonizaron otro de los bloques más intensos del debate. Aunque el Gobierno municipal reconoció que existen aspectos por mejorar, defendió las inversiones realizadas y atribuyó parte de las dificultades al contrato heredado. Tanto Adelante Izquierda Gaditana como el PSOE, en cambio, coincidieron en presentar una imagen de deterioro generalizado de la ciudad.

Bruno García admitió que la limpieza sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes del Ayuntamiento. El alcalde aseguró que el Gobierno ha intensificado las inspecciones sobre la empresa concesionaria, mantiene una política de sanciones cuando detecta incumplimientos y exige un mayor nivel de ejecución del contrato.

No obstante, responsabilizó también al pliego vigente de parte de los problemas actuales al considerar que resulta insuficiente para atender las necesidades de la ciudad y recordó que fue aprobado durante el anterior mandato.

Junto a esa autocrítica, el alcalde defendió el esfuerzo realizado en materia de mantenimiento urbano. Durante su intervención repasó actuaciones como la renovación de todos los parques infantiles, los planes de asfaltado, la reforma del Mercado Central, las mejoras en el parque Genovés, el Palacio de Congresos, la inversión en colegios públicos, la creación de la playa canina, nuevos espacios verdes, las islas de sombra, el alumbrado y distintas intervenciones destinadas a mejorar el espacio público.

Adelante Izquierda Gaditana sostuvo que la realidad cotidiana de la ciudad desmiente ese balance. La formación describió una Cádiz con problemas de suciedad, malos olores y presencia de ratas, y vinculó esa situación tanto al incumplimiento del contrato como al deterioro de las condiciones laborales de las plantillas que prestan los servicios municipales.

Su propuesta fue tajante: si la empresa adjudicataria no cumple las obligaciones recogidas en el pliego y no mejora las condiciones de los trabajadores, el Ayuntamiento debería rescindir el contrato. «O se cumple el pliego y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de limpieza o se rescinde el contrato», resumió la formación.

Adelante amplió además sus críticas a otros servicios externalizados. Citó los problemas que, a su juicio, afectan a las plantillas de parques y jardines, a las limpiadoras de dependencias municipales y a los trabajadores del servicio de autobuses, presentándolos como parte de una misma política de deterioro de los servicios públicos.

El PSOE fue aún más contundente en su diagnóstico y afirmó que Cádiz está «más sucia que nunca». Óscar Torres acusó al Gobierno municipal de no fiscalizar adecuadamente el trabajo de la empresa concesionaria, cuestionando el control sobre las horas trabajadas, la maquinaria disponible y el personal realmente destinado a la limpieza.

Una de las frases más duras de su intervención resumió ese diagnóstico: «Antes dividían Cádiz entre barrios de primera y de segunda; ahora toda Cádiz es de tercera categoría». El portavoz socialista sostuvo que los sucesivos planes de choque anunciados por el Ayuntamiento no han conseguido revertir el problema y concluyó que «la realidad es mugre, suciedad y olores».

Los socialistas vincularon además el deterioro de la limpieza con el incremento de la presión turística. Torres defendió la implantación de una tasa turística para financiar el refuerzo de los servicios públicos durante los periodos de mayor afluencia de visitantes. «Si hay más gente y hay mucho turismo, lógicamente hay que destinar más recursos públicos. Implante usted la tasa turística», reclamó.

El PSOE extendió sus críticas al estado de las playas, denunciando el deterioro de accesos y pasarelas, la acumulación de suciedad y la existencia de vertidos de aguas sobre la arena, cuestiones que, a su juicio, contrastan con la imagen que el Gobierno intenta proyectar de la ciudad.

Las diferencias entre los grupos volvieron a reflejar tres maneras distintas de interpretar la gestión municipal. El Gobierno defendió que está reforzando el mantenimiento urbano y corrigiendo las deficiencias de un contrato insuficiente heredado del anterior mandato. Adelante puso el foco en el incumplimiento del pliego y en la necesidad de adoptar medidas drásticas frente a la empresa concesionaria. El PSOE, por su parte, sostuvo que el problema responde a una falta de control político y reclamó nuevos recursos para unos servicios públicos que considera claramente desbordados.

Movilidad, transporte y aparcamiento: tres modelos para una misma ciudad

La movilidad fue otro de los ejes del Debate sobre el Estado de la Ciudad. Gobierno y oposición coincidieron en que el sistema de transporte necesita mejoras, pero discreparon tanto en el diagnóstico de la situación actual como en el modelo que debe desarrollarse en los próximos años.

Bruno García defendió que el principal avance del mandato en esta materia será la próxima licitación del nuevo contrato de autobuses urbanos, una actuación que consideró imprescindible para renovar un servicio que acumula años de retraso. El alcalde hizo un llamamiento al resto de grupos para respaldar la tramitación y «pasar página» del actual modelo de transporte.

Junto a ello, reivindicó la defensa del servicio de taxi frente a la implantación de plataformas como Uber, una posición que reiteró expresamente durante su intervención. También destacó las medidas adoptadas para favorecer a los residentes en la distribución de determinadas plazas de aparcamiento y repasó otras actuaciones relacionadas con la movilidad y el estacionamiento regulado, presentándolas como parte de una estrategia destinada a mejorar la circulación en la ciudad.

Adelante Izquierda Gaditana sostuvo que los problemas de movilidad van mucho más allá de la renovación de la flota de autobuses. La formación describió un servicio deteriorado por las continuas averías de los vehículos, las dificultades de accesibilidad para personas usuarias de sillas de ruedas o familias con carritos infantiles y la contaminación generada por una flota envejecida.

Frente a esa situación, Adelante defendió un modelo de ciudad basado en la movilidad sostenible y la accesibilidad universal. Entre sus propuestas incluyó la recuperación de los caminos escolares seguros, el desarrollo de la red de carriles bici, la reactivación de la Concejalía de Accesibilidad, la eliminación de barreras arquitectónicas y la puesta en marcha de una estrategia urbana que recupere el arbolado, las fuentes públicas y los aseos públicos.

Para la formación, la movilidad no puede reducirse al transporte, sino que forma parte de un concepto más amplio de ciudad «amable», accesible y cuidadora, diseñada para facilitar la vida cotidiana de todos los vecinos.

El PSOE centró buena parte de sus críticas en el retraso acumulado por el nuevo contrato de autobuses. Óscar Torres recordó que el Partido Popular aseguró durante la campaña electoral de 2023 que la licitación estaba prácticamente preparada, pero denunció que han transcurrido dos años antes de iniciar su tramitación.

El portavoz socialista sostuvo además que ningún autobús nuevo estará circulando por Cádiz antes de las elecciones municipales previstas para mayo de 2027, por lo que, a su juicio, el Gobierno no podrá materializar durante este mandato la renovación del servicio que viene anunciando.

Las críticas del PSOE también alcanzaron la política de estacionamiento regulado. Torres acusó al Ejecutivo de haber modificado sus criterios en varias ocasiones durante los tres años de mandato, con cambios continuos en la delimitación de zonas reguladas, decisiones trasladadas posteriormente a asociaciones vecinales y problemas en la gestión de las tarjetas para residentes.

Asimismo, recordó el compromiso electoral del Partido Popular de crear 1.240 nuevas plazas de aparcamiento y cuestionó el grado de cumplimiento de ese objetivo.

El debate volvió a reflejar tres enfoques diferentes sobre la movilidad urbana. El Gobierno pidió valorar el avance administrativo que supone la licitación del nuevo contrato de autobuses y defendió las medidas adoptadas para favorecer a los residentes y proteger el servicio del taxi. Adelante planteó una transformación más amplia, basada en la accesibilidad, la movilidad sostenible y el diseño de una ciudad más habitable. El PSOE, por su parte, puso el acento en los retrasos acumulados y en las sucesivas rectificaciones que, a su juicio, han marcado la política municipal de transporte y aparcamiento durante el mandato.

Servicios sociales: más inversión para el Gobierno, más derechos para la oposición

Los servicios sociales protagonizaron uno de los debates con mayor carga política del pleno. El Gobierno municipal defendió el incremento de los recursos destinados a la atención social y la ampliación de los servicios, mientras que Adelante Izquierda Gaditana y el PSOE cuestionaron que ese aumento presupuestario se haya traducido en nuevos derechos o en cambios estructurales para los colectivos más vulnerables.

Bruno García presentó como uno de los principales logros del mandato el refuerzo de la política social municipal. El alcalde destacó que la inversión en esta área ha aumentado un 34 % durante los tres últimos años y subrayó el incremento de las aportaciones económicas a entidades sociales, que, según explicó, han pasado de 200.000 a 768.000 euros.

También puso en valor la ampliación del servicio de ayuda a domicilio, que ha pasado de atender a 1.055 personas a prestar servicio a 1.255 usuarios, junto con la mejora de las condiciones económicas del contrato. A ello añadió la concertación de plazas en la residencia Micaela Aramburu, la creación de nuevos recursos sociales en Soledad y Setenil, la colaboración con Cruz Roja y los dispositivos extraordinarios puestos en marcha para atender a las personas sin hogar.

Durante su intervención de réplica, el alcalde reconoció las dificultades surgidas con la empresa adjudicataria de la ayuda a domicilio y aseguró que el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de municipalizar el servicio como alternativa de futuro.

Adelante Izquierda Gaditana rechazó que el incremento del gasto pueda identificarse automáticamente con una mejora de los derechos sociales. Su portavoz planteó una pregunta que resumió buena parte de su intervención: «Dígame un solo derecho, no caridad: un derecho».

La formación contrapuso la gestión actual con iniciativas impulsadas durante el anterior mandato, como los bonos sociales, las ayudas económicas de carácter extraordinario o las medidas para facilitar el empadronamiento de personas sin hogar. A su juicio, el actual Gobierno ha incrementado algunas partidas presupuestarias, pero no ha incorporado nuevos derechos permanentes para la ciudadanía.

Adelante también denunció retrasos en las ayudas al alquiler, la congelación de las subvenciones concedidas mediante concurrencia competitiva y criticó la gestión de la atención a las personas sin hogar durante el invierno. En este apartado recordó el cierre del albergue estacional, la prolongación de soluciones provisionales con colchones instalados en el suelo y el fallecimiento de seis personas sin hogar en la ciudad.

Asimismo, sostuvo que la mesa municipal de personas sin hogar ha perdido contenido y capacidad de participación y lamentó la escasa implicación, a su juicio, de entidades sociales y profesionales del sector en el diseño de las políticas municipales.

En materia de contratación pública, Adelante defendió la incorporación de cláusulas sociales más exigentes en servicios como la ayuda a domicilio o la limpieza de dependencias municipales y apostó por avanzar hacia la gestión directa de aquellos servicios considerados esenciales.

El PSOE centró buena parte de sus críticas en la situación de las personas sin hogar. Óscar Torres reprochó al alcalde que el documento presentado para el Debate sobre el Estado de la Ciudad apenas hiciera referencia a este colectivo pese a que, recordó, seis personas fallecieron durante el pasado invierno en la capital.

Los socialistas también abordaron la ayuda a domicilio para señalar una contradicción entre el documento de balance presentado por el Gobierno y los anuncios realizados posteriormente por el propio alcalde. Torres destacó que el texto municipal hablaba del correcto funcionamiento del contrato, pero no incorporaba ninguna referencia a la posible municipalización del servicio anunciada más tarde durante el debate.

Para el PSOE, esta circunstancia constituye un nuevo ejemplo de la diferencia entre las declaraciones políticas y los compromisos que finalmente quedan reflejados en la planificación municipal.

Las posiciones de los tres grupos volvieron a mostrar enfoques claramente diferenciados. El Gobierno defendió el aumento de la inversión, de los recursos disponibles y del número de personas atendidas como prueba del fortalecimiento de los servicios sociales. Adelante sostuvo que esos incrementos presupuestarios no han generado nuevos derechos y reclamó una mayor participación social, una gestión más pública de los servicios y políticas estables para los colectivos más vulnerables. El PSOE, por su parte, puso el acento en la falta de concreción de algunos anuncios y en las diferencias existentes entre los compromisos públicos asumidos por el Gobierno y las medidas finalmente incorporadas a su planificación.

Turismo y tasa turística: consenso en el diagnóstico, diferencias en la estrategia

El turismo también tuvo presencia en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, aunque con un protagonismo menor que otros asuntos como la vivienda o la limpieza. Gobierno y oposición coincidieron en reconocer el peso creciente de esta actividad para la economía gaditana, pero discreparon sobre cómo afrontar el impacto que la llegada de visitantes tiene sobre los servicios públicos.

Bruno García presentó el dinamismo turístico como uno de los factores que explican el buen momento que, a su juicio, atraviesa la ciudad. El alcalde destacó la programación cultural y de ocio impulsada durante el mandato y citó como ejemplos el Carnaval, la Semana Santa, los festivales, la Feria del Libro y otros eventos que, según defendió, contribuyen a reforzar la actividad económica, comercial y hostelera de Cádiz.

Dentro de ese balance positivo, el regidor no situó la implantación de una tasa turística entre las principales medidas de su política municipal, centrando su intervención en el atractivo cultural y turístico de la ciudad y en la capacidad de esos acontecimientos para generar actividad económica.

Adelante Izquierda Gaditana planteó un enfoque diferente. La formación defendió la creación de una tasa turística finalista destinada a sufragar los costes que la afluencia de visitantes genera sobre los servicios municipales.

Su propuesta contempla destinar esos ingresos al refuerzo de la limpieza, el transporte público, la conservación del patrimonio y otras actuaciones necesarias para atender el incremento de población que experimenta la ciudad en determinadas épocas del año.

«No puede ser que quienes paguen los servicios públicos sean solo los gaditanos y las gaditanas», argumentó Adelante, que presentó la tasa turística como una herramienta para redistribuir el coste de unos servicios utilizados también por quienes visitan la ciudad y no únicamente por sus residentes.

El PSOE coincidió con Adelante en reclamar la implantación de ese gravamen, aunque orientó su intervención hacia la responsabilidad política del Gobierno municipal. Óscar Torres reprochó al alcalde haber defendido la tasa turística con escasa firmeza y no haber ejercido suficiente presión sobre la Junta de Andalucía para impulsar su aprobación.

Los socialistas vincularon directamente la presión turística con algunos de los problemas expuestos durante el debate, especialmente el deterioro de la limpieza y la necesidad de reforzar los servicios públicos municipales cuando aumenta la población flotante.

En ese contexto, Torres defendió que los mayores ingresos derivados del turismo deben traducirse también en una mayor capacidad para financiar la limpieza, el mantenimiento urbano y otros servicios esenciales, reiterando la necesidad de implantar una tasa turística como instrumento de financiación.

En este asunto, PSOE y Adelante mostraron una posición coincidente al defender la creación de una tasa turística. No obstante, el enfoque de ambas formaciones presentó algunos matices. Adelante integró la medida dentro de un modelo más amplio de financiación estable para los servicios públicos vinculados al turismo, mientras que el PSOE la utilizó además para cuestionar la falta de presión ejercida por el alcalde sobre la Junta de Andalucía para hacer posible su implantación. Frente a ambas posiciones, el Gobierno municipal optó por poner el acento en la promoción turística y cultural de Cádiz como motor de actividad económica, sin convertir la tasa turística en uno de los ejes de su intervención.

Economía, deuda y empleo: distintas lecturas sobre la gestión municipal

La situación económica del Ayuntamiento y la evolución del empleo sirvieron al Gobierno municipal para defender la estabilidad alcanzada durante el mandato, mientras que la oposición puso el foco en las prioridades del gasto, el recurso al endeudamiento para financiar inversiones y la situación de los trabajadores de los servicios municipales.

Bruno García presentó tres indicadores como principales avales de su gestión económica. El primero fue la reducción de la deuda municipal en más de un 20 % respecto al inicio del mandato. El segundo, la movilización de 151 millones de euros entre inversiones ya ejecutadas, actuaciones en marcha y proyectos con financiación garantizada. El tercero, el descenso del desempleo hasta situarse en torno a las 7.573 personas, una cifra que, según destacó, supone una reducción cercana al 30 % respecto a 2023.

El alcalde resumió esa evolución con una idea que repitió durante su intervención: «Más inversión, pero bajando la deuda». A su juicio, la mejora de las cuentas municipales ha permitido aumentar la capacidad inversora del Ayuntamiento sin comprometer su estabilidad financiera.

Dentro de ese balance, García también destacó los programas de empleo dirigidos específicamente a mujeres y las líneas de ayudas destinadas a favorecer la contratación por parte de pequeñas empresas y comercios de la ciudad.

Adelante Izquierda Gaditana cuestionó la forma en que el Gobierno presentó la evolución de la deuda municipal. La formación recordó que el anterior equipo de gobierno recibió en 2015 un Ayuntamiento con una deuda cercana a los 276 millones de euros y sostuvo que una parte importante de la reducción actual ya se había producido durante los mandatos anteriores.

Más que discutir los indicadores macroeconómicos expuestos por el alcalde, Adelante orientó sus críticas hacia las prioridades políticas del gasto municipal. La formación cuestionó el aumento de recursos destinados a eventos, alumbrado extraordinario o determinadas subvenciones mientras, a su juicio, continúan existiendo carencias en ámbitos como la vivienda, los servicios sociales y las condiciones laborales de las plantillas que prestan servicios públicos.

En este apartado, Adelante volvió a relacionar la política económica del Ayuntamiento con la situación de trabajadores de sectores como la limpieza, la ayuda a domicilio, los autobuses urbanos o parques y jardines, defendiendo que la mejora de las cuentas municipales debe traducirse también en una mejora de sus condiciones laborales.

El PSOE centró su intervención en poner en duda la imagen de solvencia económica proyectada por el Gobierno. Óscar Torres recordó que el Ayuntamiento ha tenido que aprobar un plan económico-financiero para los ejercicios 2026 y 2027, circunstancia que, a su juicio, cuestiona el relato de una gestión plenamente saneada.

Los socialistas también señalaron que existen alrededor de 27 millones de euros obtenidos mediante operaciones de crédito para financiar proyectos que todavía no se han ejecutado o cuyos presupuestos iniciales consideran insuficientes para culminar las actuaciones previstas.

«Puede que gestione eficazmente, pero para los bancos», afirmó Torres para resumir su crítica a la política económica del Ejecutivo local.

A diferencia de otros bloques del debate, el empleo apenas generó una confrontación directa entre los tres grupos. El Gobierno municipal utilizó la reducción del desempleo como uno de los principales indicadores de la evolución positiva de la ciudad, mientras que la oposición desplazó el foco hacia la calidad del empleo vinculado a los servicios municipales externalizados. Tanto Adelante como el PSOE dedicaron buena parte de sus intervenciones a denunciar los problemas existentes en sectores como la ayuda a domicilio, la limpieza de dependencias, el transporte urbano o parques y jardines, entendiendo que la situación de estas plantillas constituye también un reflejo de la política económica desarrollada durante el mandato.

De este modo, el debate económico no se limitó a la evolución de las cuentas municipales, sino que enfrentó dos formas distintas de medir la gestión. El Gobierno reivindicó la reducción de la deuda, el aumento de la inversión y la mejora de los indicadores de empleo como prueba de estabilidad. La oposición, en cambio, sostuvo que esos datos deben analizarse junto a las prioridades del gasto público, el recurso al endeudamiento para financiar inversiones y la situación laboral de quienes prestan buena parte de los servicios municipales.

Participación ciudadana, memoria democrática y clima político

El tramo final del Debate sobre el Estado de la Ciudad estuvo marcado por un tono más político que de gestión. La participación ciudadana, la memoria democrática y el clima institucional sirvieron para confrontar dos visiones muy distintas sobre la forma de gobernar Cádiz y el papel que debe desempeñar el Ayuntamiento en los debates de carácter simbólico.

Bruno García defendió durante toda su intervención un modelo basado en la colaboración entre administraciones y en la búsqueda de acuerdos por encima de las diferencias políticas. El alcalde insistió en que su Gobierno trabaja para el conjunto de la ciudadanía y no desde planteamientos partidistas.

«Solo hay un bando, se llama Cádiz», afirmó para resumir una idea que repitió en distintos momentos del debate: la necesidad de anteponer los intereses de la ciudad a la confrontación política y favorecer la cooperación institucional como herramienta para desbloquear proyectos y mejorar los servicios públicos.

Adelante Izquierda Gaditana rechazó esa imagen de diálogo y acusó al Gobierno municipal de haber vaciado de contenido algunos de los principales órganos de participación ciudadana. La formación puso como ejemplo la mesa de personas sin hogar, que, según sostuvo, ha perdido capacidad para incorporar las aportaciones de entidades sociales y profesionales que trabajan directamente con este colectivo.

Las críticas también alcanzaron las decisiones adoptadas en materia de memoria democrática. Adelante cuestionó la gestión de los expedientes relacionados con el nombre del IES Fernando Quiñones y del estadio Nuevo Mirandilla, así como el cambio de denominación del teatro situado en el parque Genovés, interpretando estas actuaciones como una utilización política de cuestiones de carácter simbólico.

Para la formación, el discurso de participación defendido por el Gobierno no se corresponde con el funcionamiento real de los órganos consultivos ni con la forma en que se han gestionado algunos de estos debates ciudadanos.

El PSOE coincidió en criticar el clima político generado durante el mandato, aunque centró sus reproches en la utilización de asuntos simbólicos relacionados con la identidad de la ciudad. Óscar Torres acusó al alcalde de promover debates sobre la denominación de edificios públicos, como el estadio o el teatro del parque Genovés, en lugar de concentrar los esfuerzos municipales en resolver los principales problemas de Cádiz.

«Usted no vertebra, usted divide», afirmó el portavoz socialista para resumir su valoración sobre la forma de ejercer el liderazgo municipal.

Torres sostuvo además que el alcalde intenta mantener un equilibrio político entre diferentes sensibilidades dentro de su propio espacio ideológico y que, en ocasiones, antepone esa estrategia a los intereses generales de la ciudad.

El intercambio final volvió a reflejar tres visiones claramente diferenciadas sobre el papel del Ayuntamiento. El Gobierno defendió una imagen de moderación, diálogo institucional y colaboración entre administraciones para impulsar los grandes proyectos de Cádiz. Adelante cuestionó que esa voluntad de participación tenga un reflejo real en los órganos municipales y denunció una utilización política de cuestiones vinculadas a la memoria democrática. El PSOE, por su parte, sostuvo que el Ejecutivo local ha contribuido a generar divisiones innecesarias mediante debates simbólicos y puso en duda la existencia de un proyecto político coherente capaz de integrar a toda la ciudad.

Un debate que enfrenta tres modelos de ciudad

Más allá del intercambio de cifras, anuncios y reproches, el Debate sobre el Estado de la Ciudad dejó patente la existencia de tres formas muy distintas de interpretar el presente y el futuro de Cádiz. Las discrepancias no se limitaron a la gestión de asuntos concretos como la vivienda, la limpieza o las infraestructuras, sino que reflejaron proyectos políticos diferentes sobre el papel que debe desempeñar el Ayuntamiento.

El Gobierno de Bruno García defendió que la ciudad ha entrado en una etapa de recuperación tras años de bloqueo institucional. Su discurso se apoyó en la reducción de la deuda, el aumento de la inversión, el desbloqueo de grandes proyectos, el impulso a la vivienda y la colaboración con otras administraciones. El alcalde reconoció que siguen existiendo problemas por resolver, pero sostuvo que Cádiz avanza y que el actual mandato ha permitido «sanar heridas» acumuladas durante años.

Adelante Izquierda Gaditana rechazó esa interpretación y planteó una lectura centrada en los derechos sociales y la gestión de los servicios públicos. La formación cuestionó que los principales proyectos presentados por el Gobierno sean fruto de la gestión del actual mandato, defendió un modelo basado en el fortalecimiento de la vivienda pública, la participación ciudadana y la gestión directa de los servicios esenciales, y acusó al Ejecutivo municipal de priorizar la imagen y los anuncios frente a las necesidades cotidianas de la población.

El PSOE, por su parte, articuló su oposición alrededor de una idea recurrente durante toda la sesión: la distancia entre los anuncios realizados por el Gobierno y la ejecución efectiva de los proyectos. Los socialistas sostuvieron que la ciudad continúa afrontando problemas estructurales en ámbitos como la vivienda, la limpieza, la movilidad o las grandes infraestructuras y reprocharon al alcalde carecer de un modelo definido para el futuro de Cádiz.

El debate concluyó, así, sin acercar posiciones entre los tres principales grupos municipales. Si el Gobierno reivindicó un mandato marcado por el desbloqueo de proyectos y la estabilidad institucional, la oposición coincidió en cuestionar ese balance, aunque desde perspectivas diferentes. Adelante puso el acento en la defensa de los derechos sociales y los servicios públicos, mientras que el PSOE centró sus críticas en el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos y en la falta de resultados visibles. Tres diagnósticos distintos, tres formas de entender la gestión municipal y tres modelos de ciudad que seguirán marcando el debate político en Cádiz durante los próximos meses.