Investigan a dos personas por la mutilación ilegal de tres gallos en Castellar

La investigación por la mutilación ilegal de gallos en Castellar afecta al poseedor de las aves y al facultativo que expidió un certificado sin justificar una causa terapéutica individualizada

La Guardia Civil investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito de maltrato animal por la mutilación ilegal de tres gallos de pelea en Castellar de la Frontera. Las actuaciones afectan al poseedor de los animales y al facultativo que emitió el certificado veterinario aportado durante la intervención.

El caso se inició en un punto de verificación rutinario establecido por una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Castellar. Los agentes interceptaron un vehículo en el que se transportaban tres gallos dentro de una jaula y, ante los indicios observados, solicitaron la intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Algeciras.

Los especialistas del Seprona realizaron un examen de las aves y comprobaron que los tres ejemplares presentaban mutilaciones visibles. En concreto, los animales habían sido sometidos al descrestado y al desbarbado, según la información facilitada por el instituto armado.

La inspección también incluyó el análisis de la documentación presentada por el responsable de los gallos. Los agentes concluyeron que el certificado veterinario carecía de validez legal para justificar las lesiones detectadas en los animales.

Según la Guardia Civil, el documento no acreditaba el motivo de las intervenciones ni recogía una causa terapéutica individualizada para cada uno de los ejemplares. Este requisito resulta necesario para que este tipo de actuaciones sobre los animales quede amparado por la legislación vigente.

A partir del examen de los gallos y de la documentación, los agentes abrieron diligencias contra el poseedor de las aves y contra el facultativo que expidió el certificado. Ambos figuran como investigados por su presunta relación con un delito de maltrato animal.

Las diligencias instruidas por el Seprona han sido remitidas a la autoridad judicial competente, que deberá determinar las posibles responsabilidades derivadas de los hechos. La actuación se enmarca en las tareas de vigilancia, inspección y control desarrolladas por la Guardia Civil para detectar prácticas contrarias a la normativa de protección y bienestar animal.