Consumo realiza 70 controles en la inspección de academias privadas en Andalucía
La inspección de academias privadas en Andalucía revisa hasta noviembre la publicidad, los contratos, la financiación y los diplomas de centros de enseñanza no oficial
La Dirección General de Consumo mantiene en marcha una campaña de inspección de academias privadas en Andalucía que incluye 70 controles en centros de enseñanza no reglada. Las actuaciones, iniciadas en abril y previstas hasta noviembre, se desarrollan en las ocho provincias, incluida Cádiz, a través de los Servicios Provinciales de Consumo.
La campaña comprende inspecciones en 61 academias presenciales y nueve centros que ofrecen formación por internet. El control se dirige a empresas privadas cuyas enseñanzas no conducen a la obtención de títulos oficiales, entre ellas academias de idiomas, centros de refuerzo educativo y establecimientos que imparten formación especializada.
Los inspectores revisan principalmente la publicidad utilizada por estos negocios, la información facilitada antes de la contratación, la documentación contractual, las fórmulas de financiación y la expedición de diplomas o certificados de asistencia. La selección de los centros se concentra en aquellos ámbitos donde la Administración autonómica de Consumo ha registrado una mayor incidencia de quejas, reclamaciones o denuncias.
Uno de los puntos sometidos a vigilancia es la identificación clara del carácter no oficial de las enseñanzas. La publicidad debe informar de esta circunstancia y evitar mensajes que puedan llevar a los usuarios a interpretar que el curso permite obtener una titulación reconocida oficialmente.
Consumo también comprueba si las academias emplean de manera indebida marcas institucionales de la Junta de Andalucía en sus anuncios o materiales promocionales. La utilización de estos elementos puede generar entre los alumnos una apariencia de respaldo, reconocimiento u oficialidad de los estudios impartidos.
En el caso de los cursos de idiomas, la inspección presta especial atención a los anuncios sobre acreditación de niveles de competencia lingüística. Las actuaciones buscan detectar mensajes que atribuyan a la formación o a sus certificados una validez oficial que no les corresponda.
La campaña examina además la información obligatoria que debe estar disponible en los tablones de los establecimientos y en los documentos relativos a cada enseñanza. Los contratos suscritos con el alumnado también forman parte de las comprobaciones, tanto en la descripción del servicio como en las condiciones económicas aplicadas.
Cuando el coste del curso se abona mediante financiación, los inspectores revisan los contratos vinculados y su adecuación a la normativa de créditos al consumo. Esta supervisión alcanza las condiciones de financiación incorporadas a la contratación de la actividad formativa y la documentación entregada al usuario.
Otro apartado de los controles afecta a los registros internos de alumnos y a la expedición de diplomas o certificados acreditativos de asistencia. Consumo comprueba que los centros dispongan de esos registros y que los documentos entregados se correspondan con la naturaleza no reglada de la formación.
Las inspecciones abarcan tanto la contratación presencial como la realizada a distancia o por internet. De este modo, la campaña aplica los controles sobre publicidad, información previa y condiciones contractuales con independencia del canal empleado por la academia para ofrecer y formalizar sus cursos.
