La Fiscalía acusa a Kichi de prevaricación y revelación de secretos por la actuación de un asesor externo
La acusación de la Fiscalía contra Kichi solicita 15 años de inhabilitación por prevaricación, otros tres años y una multa de 10.800 euros por revelación de secretos
La Fiscalía Provincial de Cádiz acusa al exalcalde José María González ‘Kichi’ de delitos continuados de prevaricación y revelación de secretos por permitir presuntamente que un asesor contratado por Por Cádiz Sí se Puede accediera a información municipal reservada e impartiera instrucciones a funcionarios del Ayuntamiento. El Ministerio Público solicita para González 15 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo electo local, autonómico, nacional o europeo por el primer delito, además de otros tres años de inhabilitación y una multa de 10.800 euros por el segundo.
La acusación de la Fiscalía contra Kichi se ha formalizado mediante un escrito presentado en el procedimiento abreviado abierto por la actuación de este asesor en el Consistorio gaditano. La persona que originó la investigación trabajó para el partido del entonces equipo de gobierno entre abril de 2018 y abril de 2019, pero no pertenecía a la plantilla municipal.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, también dirige la acusación contra dos concejales del anterior gobierno local, responsables de las áreas de Personal y Turismo; el entonces jefe de gabinete de Alcaldía, y otro asesor del ejecutivo municipal. Para cada uno de ellos solicita las mismas penas reclamadas para el exalcalde por los dos delitos continuados.
Para el asesor contratado por el partido, la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público en las administraciones local, autonómica, nacional o europea por un delito continuado de prevaricación.
Según sostiene el Ministerio Público, esta persona no era funcionario, personal laboral ni personal eventual del Ayuntamiento, pese a lo cual accedió de forma continuada a documentación reservada, principalmente del área de contratación. Esa información era gestionada por autoridades y funcionarios de carrera del Consistorio.
La Fiscalía atribuye ese acceso a una “orden e indicación directa” del entonces alcalde, los dos concejales, el jefe de gabinete y el asesor del equipo de gobierno incluidos en la causa. El escrito recoge distintos expedientes municipales en los que habría intervenido la persona contratada por el partido.
La acusación afirma además que el asesor externo impartió instrucciones a trabajadores municipales y participó en la confección y modificación de expedientes relacionados con licitaciones públicas. De acuerdo con el relato fiscal, sus indicaciones y los cambios planteados debían ser asumidos por los funcionarios y contaban con el respaldo de los integrantes del gobierno local acusados.
El Ministerio Público señala que los documentos municipales no estaban firmados por el asesor externo, aunque le atribuye la redacción directa de algunos pliegos de condiciones o su elaboración indirecta mediante instrucciones trasladadas al funcionario que finalmente los firmaba y asumía su autoría.
La Fiscalía vincula esta actuación con el acceso anticipado a información que posteriormente servía de base para publicar licitaciones municipales. En su escrito recuerda que la oferta pública de contratación no puede conocerse antes del correspondiente anuncio, una limitación destinada a impedir que las condiciones favorezcan a determinados operadores económicos frente a otros.
También diferencia entre las funciones propias del asesoramiento político y la actuación que atribuye al acusado. Según su argumentación, un asesor puede orientar al responsable político, pero no adoptar decisiones, ordenar modificaciones ni impartir instrucciones a empleados públicos dentro de sus competencias.
El escrito sostiene que la presencia de esta persona era habitual en reuniones con miembros del equipo de gobierno, funcionarios y otros participantes. Para la Fiscalía, esa asistencia y el respaldo recibido pudieron generar entre los empleados municipales la impresión de que mantenía una relación laboral con el Ayuntamiento, ya fuera como funcionario o como asesor del propio Consistorio.
La acusación incorpora asimismo correos electrónicos enviados por el asesor a funcionarios municipales en calidad de experto en licitaciones públicas. En esas comunicaciones, según el Ministerio Público, solicitaba información restringida, introducía cambios en expedientes y daba indicaciones sobre la forma en la que los empleados públicos debían desarrollar sus tareas, actuaciones que atribuye a la connivencia de los restantes acusados.
