La concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha querido salir al paso de la información que ha aparecido hoy en los medios de comunicación sobre la queja de oficio que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz dirigió al Consistorio gaditano para solicitar información sobre las “deficiencias” en los Servicios Sociales denunciadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y presentadas el pasado mes de octubre. Al respecto, la edil ha aclarado que no sólo “hemos respondido a las peticiones del Defensor del Pueblo Andaluz, sino que además poco a poco hemos ido tomando medidas y hemos corregido las deficiencias que venía soportando Asuntos Sociales como consecuencia de la política de recortes del Partido Popular, que despidió a 24 trabajadores y trabajadoras sociales en plena crisis económica”. “Este Equipo de Gobierno ha puesto todas sus energías en ir subsanando estas deficiencias y en acercarse cada vez más a ese modelo de Servicios Sociales como un espacio de derecho, y a principios de este mes enviamos, a través de un informe, la información requerida por el Defensor del Pueblo Andaluz, tras el análisis de la APDHA”, ha informado Fernández.
Asimismo, ha profundizado en el contenido de ese informe, señalando que en él se explica que, con el cambio en el sistema de citas “no sólo hemos eliminado las colas en Asuntos Sociales, sino que además hemos pasado a tener un conocimiento real de la situación, lo que es muy válido para la evaluación y el trabajo continuo con las usuarias y usuarios”. “Las personas son atendidas y evaluadas directamente en la delegación”.
Y respecto al personal, la concejala ha manifestado que desde el Ayuntamiento de Cádiz se están haciendo “todos los esfuerzos posibles para subsanar la agresiva reducción que se produjo en 2014, de manos del PP”. “Este asunto es una prioridad absoluta de este Equipo de Gobierno”, ha subrayado. Y ha añadido que, “a pesar de las dificultades, hemos dado pasos en ese sentido, como la contratación de tres auxiliares para tramitar los bonos sociales de luz y agua”. Unos bonos que “dota de dignidad y convierte en derechos los suministros básicos de agua y energía. Sin embargo, y a pesar de ello, el Partido Popular sigue bloqueando las políticas sociales más favorables a la ciudadanía, como el caso del bono eléctrico, que sigue sin firmar y por ello hemos pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz”.
Por último, Fernández ha apuntado que no es la primera vez que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz “nos pide información” y “nunca ha encontrado irregularidades”.