Una sentencia aprecia represalias sindicales en Valoriza en Cádiz y anula sanciones a trabajadores

El fallo vincula las represalias sindicales en Valoriza en Cádiz con la apertura forzada de taquillas tras una denuncia de CSIF por insalubridad en Huerta del Obispo

Una sentencia ha dejado sin efecto las sanciones de empleo y sueldo impuestas a trabajadores de Valoriza Servicios Medioambientales en Cádiz después de que la empresa abriera por la fuerza sus taquillas individuales. El fallo, difundido el 22 de septiembre por CSIF, aprecia un “claro ánimo represarial” en la actuación y considera vulnerados los derechos a la defensa y a la intimidad de los afectados.

El conflicto se originó tras una denuncia presentada por CSIF en noviembre de 2024 por las condiciones de higiene y salubridad del centro de trabajo situado en la calle Huerta del Obispo. Estas instalaciones forman parte del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos de Cádiz, gestionado por Valoriza como empresa concesionaria.

La Inspección de Trabajo visitó el centro y constató las deficiencias denunciadas, según la información facilitada por el sindicato. A continuación, requirió a la empresa la adopción de medidas correctoras, entre ellas la diferenciación y adecuación de los espacios utilizados por la plantilla. En concreto, señaló que el vestuario no podía emplearse al mismo tiempo como almacén de productos, herramientas y equipos de trabajo.

Al día siguiente de recibir el requerimiento, Valoriza ordenó abrir sin previo aviso varias taquillas individuales. La actuación supuso la rotura de las cerraduras y los compartimentos permanecieron abiertos y sin vigilancia durante todo el fin de semana. La sentencia recoge que la apertura se realizó a instancias de la empresa y en presencia de representantes sindicales que no pertenecían a la sección que había presentado la denuncia.

Valoriza justificó la medida como una actuación destinada a cumplir el requerimiento de la Inspección de Trabajo y comprobar si los empleados guardaban herramientas en las taquillas. Sin embargo, el juez rechaza esa interpretación tras valorar el testimonio de la inspectora y concluye que la apertura de los compartimentos no se correspondía con las medidas que habían sido exigidas a la concesionaria.

El fallo analiza también la proximidad temporal entre la intervención de la Inspección y la apertura forzada de las taquillas. A partir de esa sucesión de hechos, considera que la medida excedió las facultades de dirección y vigilancia de la empresa y que estuvo guiada por un “claro ánimo represarial” hacia los trabajadores.

Después de revisar las taquillas, Valoriza abrió varios expedientes disciplinarios contra empleados destinados en ese centro de trabajo. Parte de ellos recibió sanciones temporales de empleo y sueldo, ahora anuladas por la resolución judicial. El juez entiende que durante el procedimiento se vulneraron los derechos de defensa y de intimidad de los trabajadores.

La sentencia recuerda que las taquillas y los efectos personales depositados en ellas forman parte de la esfera privada de los empleados. Aunque las empresas cuentan con facultades de control y vigilancia, estas deben ejercerse dentro de los límites establecidos por los derechos fundamentales de la plantilla.

Otro de los elementos considerados por el juez es que Valoriza no había habilitado un lugar específico para guardar las herramientas de trabajo, precisamente una de las medidas planteadas por la Inspección. Ante esa situación, los operarios utilizaban sus taquillas para almacenarlas. La resolución sostiene que la concesionaria trasladó a los trabajadores las consecuencias de una obligación empresarial que todavía no había resuelto con medios adecuados.

CSIF relaciona lo sucedido con la actividad de su sección sindical en Huerta del Obispo. El sindicato asegura que también ha denunciado deficiencias higiénico-sanitarias en otros centros de trabajo, pero señala que la apertura forzada de taquillas se produjo únicamente en las dependencias donde están destinados sus representantes.

La organización sindical critica además la posición mantenida por otras secciones del comité de empresa, a las que acusa de haber respaldado la actuación de Valoriza. Según CSIF, uno de sus integrantes llegó a declarar durante el juicio en contra de los trabajadores sancionados. Se trata de una valoración del sindicato que promovió la denuncia inicial.

CSIF enmarca este procedimiento en otras actuaciones que atribuye a la concesionaria desde que asumió el servicio municipal. Entre ellas cita la contratación de detectives privados para investigar a empleados en situación de incapacidad temporal, incluidos trabajadores que el sindicato considera especialmente vulnerables, con la finalidad de tramitar expedientes disciplinarios por faltas muy graves o plantear posibles despidos.

Tras la sentencia, la sección sindical reclama a Valoriza que descarte actuaciones que puedan constituir una represalia ante el ejercicio de la actividad sindical. También le pide que centre sus medidas en corregir las condiciones laborales e higiénico-sanitarias denunciadas en los centros de trabajo.