La Audiencia Nacional prorroga la prisión del exjefe de la UDEF vinculado al alijo de Algeciras

La prisión del exjefe de la UDEF podrá prolongarse hasta un máximo de cuatro años en la causa abierta tras la incautación de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha prorrogado hasta un máximo de cuatro años la prisión del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Madrid, Óscar Sánchez. El investigado se encuentra encarcelado desde noviembre de 2024 por una causa relacionada con el narcotráfico que se aceleró tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras.

La decisión fue adoptada mediante un auto después de la comparecencia celebrada el miércoles 30 de septiembre, al aproximarse el límite inicial de dos años de prisión provisional. La legislación permite ampliar esta medida cautelar hasta un máximo total de cuatro años en función de las circunstancias de la investigación.

Sánchez está investigado por presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y revelación de secretos. En su vivienda fueron localizados 20 millones de euros emparedados, cuyo origen estaría vinculado, según la investigación, a la actividad de una red dedicada a la introducción de cocaína en España.

La causa engloba a varios investigados y empresas presuntamente relacionadas con el narcotráfico. La investigación cobró impulso después de que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria intervinieran en octubre de 2024 un cargamento de 13 toneladas de cocaína en el puerto algecireño, considerado el mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo de Europa.

En su resolución, el magistrado sostiene que los indicios que motivaron inicialmente la entrada en prisión de Sánchez se han consolidado durante la instrucción. De Jorge considera “abrumadores” los elementos de cargo reunidos contra el antiguo responsable policial, de acuerdo con el auto recogido por Europa Press.

La Policía sospecha que Sánchez habría participado en la entrada de al menos 39 contenedores con unas 73 toneladas de cocaína. Solo dos de esos cargamentos fueron intervenidos. El supuesto responsable de la organización, Ignacio Torán, le habría pagado más de 32 millones de euros por su presunta colaboración, según las pesquisas incorporadas a la causa.

Para mantener la medida cautelar, el juez ha aplicado también los argumentos utilizados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando, en agosto, confirmó la prisión provisional de Torán. Aquella resolución apreció riesgo de fuga por la gravedad de los delitos investigados, las posibles penas, la capacidad logística de la organización y la existencia de miembros de la red huidos de la Justicia.

La Sala también aludió a la existencia indiciaria de una trama de blanqueo internacional articulada mediante estructuras opacas y personas interpuestas. Entre los elementos analizados figura una sociedad que supuestamente simulaba importaciones de fruta para introducir cocaína en España. Esa actividad aparece relacionada con el cargamento intervenido en Algeciras en octubre de 2024.

De Jorge señala que los informes examinados y validados por la Sala de lo Penal constituyen elementos de cargo tanto contra Torán como contra el exjefe de la UDEF. La resolución vincula así la situación procesal de Sánchez con los indicios recabados sobre el funcionamiento de la organización y su estructura financiera.

Durante la comparecencia, la Fiscalía Antidroga solicitó mantener la prisión provisional por considerar que continúa existiendo riesgo de fuga. El Ministerio Público argumentó que los delitos investigados podrían conllevar penas superiores a 20 años de cárcel y recordó que otros implicados se encuentran huidos en el extranjero.

La defensa de Sánchez pidió, por el contrario, su puesta en libertad provisional. Entre sus argumentos sostuvo que no existen indicios de delito suficientes para prolongar la medida cautelar, una petición que ha sido rechazada por el titular del Juzgado Central de Instrucción.