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Algeciras aprueba la comisión de investigación del caso Landaluce, condicionada al proceso judicial

Redacción 20 noviembre, 2026 4 minutos de lectura

La comisión de investigación del caso Landaluce analizará las actuaciones municipales desde 2011, pero no podrá iniciar sus trabajos hasta que la Justicia penal establezca los hechos probados

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprobó el 20 de noviembre la creación de una comisión de investigación del caso Landaluce para analizar el conocimiento previo y las actuaciones desarrolladas en el ámbito municipal desde 2011 ante los presuntos casos de acoso sexual atribuidos al exalcalde José Ignacio Landaluce. La propuesta salió adelante con 19 votos a favor, tres abstenciones y cinco en contra, aunque sus trabajos quedan condicionados al desarrollo del procedimiento judicial.

La iniciativa fue presentada por el PSOE y recibió el respaldo del PP después de que los socialistas aceptaran una enmienda de adición planteada por los populares. Esa modificación establece que la comisión queda supeditada a una resolución de la jurisdicción penal que determine los hechos probados y que no podrá realizar investigaciones antes de ese momento.

La comisión municipal tendrá como finalidad examinar qué información existía sobre los hechos denunciados, quién pudo conocerla y qué actuaciones se adoptaron en el Ayuntamiento durante el periodo comprendido entre 2011 y la actualidad. Su cometido se limitará a la posible exigencia de responsabilidades políticas y no a determinar responsabilidades penales, que corresponden a los tribunales.

La concejala socialista Rocío Arrabal defendió la necesidad de investigar la actuación municipal y subrayó que el órgano no se crea para juzgar a Landaluce. Según explicó durante el debate, su objetivo es “depurar responsabilidades políticas” y esclarecer “qué se sabía, quién lo sabía y por qué no se hizo nada”.

Arrabal dirigió parte de su intervención al nuevo alcalde, Jacinto Muñoz, y reclamó que la comisión desarrolle una investigación efectiva. La edil sostuvo que la iniciativa también debe aclarar la actuación de las personas que gobernaron junto al exalcalde y pudieron tener conocimiento de las acusaciones.

Landaluce, actualmente concejal no adscrito, tomó la palabra para reiterar su inocencia ante las acusaciones de acoso sexual y anunció su voto contrario. El exalcalde argumentó que su rechazo no responde al temor a una investigación, sino a su oposición a que el Ayuntamiento se convierta en escenario de un “juicio paralelo”.

El antiguo regidor defendió que corresponde a los jueces esclarecer los hechos y pidió que se respete su presunción de inocencia. También expresó su decepción con sus antiguos compañeros del Partido Popular, formación que abandonó en enero, y afirmó que las valoraciones políticas deberán realizarse cuando se pronuncie la Justicia.

Las acusaciones contra Landaluce estuvieron en el origen de la moción de censura impulsada por PP y Vox que lo apartó de la Alcaldía. Durante el debate, el concejal popular Javier Vázquez Hueso indicó que existen dos denuncias en los juzgados y defendió que deben tramitarse con respeto a las denunciantes y a la presunción de inocencia del denunciado.

Vázquez Hueso acusó al PSOE de utilizar el asunto con fines partidistas y sostuvo que la moción de censura ya había supuesto la asunción de una responsabilidad política. Pese a esas críticas, el PP terminó respaldando la creación de la comisión después de incorporar la condición de que no comience a investigar hasta que exista un pronunciamiento penal sobre los hechos.

La aceptación de esta condición generó un breve intercambio entre Arrabal y el alcalde durante la sesión. La concejala preguntó si el apoyo del PP dependía de la incorporación de la enmienda y finalmente aceptó su contenido, lo que permitió sumar los votos populares a la propuesta socialista.

Vox optó por la abstención. Su portavoz municipal, Antonio Gallardo, consideró que la comisión supone una “extralimitación competencial” y una posible injerencia en el procedimiento judicial al pretender examinar hechos presuntamente ocurridos en dependencias municipales, conversaciones privadas y denuncias presentadas ante el Tribunal Supremo.

Gallardo recordó que su formación apoyó la moción de censura que apartó a Landaluce del cargo, pero defendió que ahora corresponde a los acusados ejercer su defensa y a los denunciantes acreditar sus acusaciones en sede judicial. Según el portavoz de Vox, deberán ser los tribunales los que dicten una resolución condenatoria o absolutoria.

El resultado de la votación permite constituir formalmente la comisión, aunque la enmienda aceptada aplaza su actividad investigadora. Una vez que la jurisdicción penal determine los hechos probados, el órgano municipal podrá abordar el conocimiento previo que pudo existir en el Ayuntamiento y las decisiones adoptadas durante los años incluidos en su ámbito de análisis.