Las medidas de vivienda del Gobierno incluyen préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses

Las medidas de vivienda del Gobierno aprobadas el 6 de octubre contemplan deducciones por alquiler, financiación para comprar la primera casa y prórrogas de contratos, aunque la renovación automática dependerá de su convalidación parlamentaria.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 6 de octubre dos reales decretos ley con 21 medidas sobre vivienda, entre ellas préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para adquirir la primera casa, deducciones fiscales por alquiler y prórrogas de contratos. El paquete también contempla financiación para ampliar la oferta de vivienda social y cambios en el alquiler de temporada, por habitaciones y turístico.

Las medidas de vivienda del Gobierno deberán someterse a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. La renovación automática de los contratos de alquiler tendrá una entrada en vigor distinta: quedará condicionada a que ese órgano parlamentario apruebe la norma que la recoge.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado los acuerdos en una rueda de prensa en La Moncloa. Según ha explicado, recuperan el contenido esencial de los decretos aprobados el 29 de septiembre, que decayeron al no ser convalidados por el Congreso, e incorporan nuevas actuaciones.

Una de las principales novedades es una línea de financiación de 10.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, para préstamos sin intereses destinados a la compra de la primera vivienda. La cuantía podrá alcanzar los 50.000 euros y la iniciativa se plantea para distintas generaciones, aunque Sánchez ha destacado las dificultades de los jóvenes para reunir la entrada de una hipoteca.

En materia de alquiler, el Ejecutivo anuncia una deducción en la declaración de la renta para los inquilinos. Como ejemplo, señala que una persona que pague 800 euros mensuales podrá acercarse a los 1.000 euros de deducción. También prevé incentivos fiscales para pequeños propietarios que arrienden sus viviendas a precios asequibles.

La información difundida tras el Consejo de Ministros no detalla los requisitos de acceso a esos préstamos ni las condiciones completas de las deducciones. Tampoco concreta en ese resumen los límites de ingresos o los procedimientos de solicitud, aspectos necesarios para determinar quién podrá beneficiarse.

Otro bloque busca aumentar la oferta residencial. El Gobierno destinará 280 millones de euros a avales para impulsar la construcción industrializada, con la intención de reducir los plazos de ejecución. Otros 400 millones se dirigirán a apoyar a proveedores de vivienda social.

Además, la entidad pública Casa 47 adquirirá miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social para facilitar el acceso de colectivos con mayores dificultades. El anuncio no incluye una distribución territorial, por lo que no permite determinar cuántas viviendas o qué inversiones corresponderán a la provincia de Cádiz.

En cuanto a la estabilidad de los arrendamientos, uno de los decretos contempla prorrogar hasta dos años los contratos de quienes estén al corriente del pago y limitar las subidas del alquiler. El segundo establece la renovación automática cuando los contratos venzan, salvo determinados supuestos.

Sánchez ha reconocido que actualmente no existe una mayoría parlamentaria suficiente para convalidar esta segunda norma. Por ello, según lo anunciado, no entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado como el primer decreto, sino después de su eventual convalidación por la Diputación Permanente.

El paquete incorpora protección para personas vulnerables sin alternativa habitacional y garantías adicionales para pequeños propietarios. El Ejecutivo sostiene que pretende evitar que la protección de esos hogares recaiga exclusivamente sobre quienes poseen una vivienda arrendada.

Las actuaciones también incluyen la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, restricciones a la compra por fondos de inversión y la vinculación de los beneficios fiscales de las Socimi al alquiler asequible. Respecto a los pisos turísticos, el Gobierno anuncia cambios para que tributen como una actividad empresarial, aunque el resumen no especifica su alcance fiscal.