El Supremo estudia enviar a Ubrique la causa contra Alfonso Moscoso tras perder su escaño

La Fiscalía deberá pronunciarse con urgencia sobre el futuro de la causa contra Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario, y sobre el traslado de la investigación a los juzgados de Ubrique.

El Tribunal Supremo ha comenzado a revisar la causa contra Alfonso Moscoso, alcalde socialista de Villaluenga del Rosario, después de que haya perdido su condición de aforado al dejar su escaño en el Senado por la convocatoria anticipada de elecciones generales. La Sala de lo Penal estudia ahora si la investigación debe continuar en los juzgados de Ubrique.

La magistrada Susana Polo, instructora del procedimiento, ha solicitado con carácter urgente un informe de la Fiscalía sobre la prórroga de la causa y el posible traslado de la competencia. La decisión se produce tras el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 29 de noviembre.

El Supremo abrió la causa en junio a raíz de una querella de la Fiscalía relacionada con la propuesta y posterior nombramiento como jueza de paz de Elisa Sánchez, esposa de Moscoso y afiliada al PSOE. La investigación se dirige contra ambos por su presunta intervención en un nombramiento para el que, según la querella, Sánchez no cumplía los requisitos legales debido a su pertenencia a un partido político.

El reglamento de los jueces de paz, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución establecen incompatibilidades entre el ejercicio de funciones judiciales y la afiliación a formaciones políticas o sindicatos. El alto tribunal recordó al abrir el procedimiento que la prohibición de pertenencia de los jueces a partidos políticos tiene carácter “absoluto”.

Según los hechos recogidos en la querella, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario publicó en noviembre de 2022 un edicto para cubrir el puesto de juez de paz. Ningún vecino del municipio, que cuenta con 464 habitantes, mostró inicialmente interés por el cargo, por lo que Elisa Sánchez, afiliada al PSOE desde octubre de 2007, presentó su candidatura.

El Pleno municipal aprobó por unanimidad el 30 de marzo de 2023 la única solicitud presentada y elevó la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Sala de Gobierno del TSJA aprobó el nombramiento el 4 de julio y Sánchez tomó posesión como jueza de paz el 22 de ese mismo mes.

La Fiscalía sostiene que Sánchez aportó una declaración jurada en la que afirmaba no incurrir en incompatibilidades, al señalar que su profesión era la de sanitaria. La querella añade que continuó afiliada al PSOE y que, durante el periodo en el que ejerció como jueza de paz, siguió asistiendo a actos públicos de esa formación. Renunció al cargo el 2 de mayo de 2025.

El Supremo apreció inicialmente que la actuación atribuida a Moscoso, de quien habría partido la propuesta de nombramiento, podría encajar en el artículo 405 del Código Penal. Este precepto castiga a la autoridad o funcionario que proponga, nombre o dé posesión para un cargo público a una persona que no reúna los requisitos legales, siempre que actúe con conocimiento de esa circunstancia.

El delito contempla penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años. En el caso de Elisa Sánchez, el tribunal considera que los hechos podrían estar comprendidos en el artículo 406 del Código Penal, referido a quien acepta una propuesta, nombramiento o toma de posesión sabiendo que carece de los requisitos exigidos. Este artículo establece la misma pena de multa.

Aunque Sánchez no tenía la condición de aforada, el Supremo asumió también la investigación contra ella al apreciar una conexión material “inescindible” entre los hechos atribuidos a ambos. La pérdida del aforamiento de Moscoso obliga ahora a determinar qué órgano judicial debe continuar la instrucción.

La Sala de lo Penal señaló al abrir la causa que estos delitos pretenden proteger la independencia del Poder Judicial, incluidos los jueces de paz, frente a posibles afinidades políticas partidistas.

El Supremo también revisa, por la misma pérdida de aforamiento derivada del adelanto electoral, otro procedimiento abierto contra Félix Alonso Cantorné, diputado de Sumar que ha dejado su escaño. La Fiscalía deberá informar igualmente sobre el futuro de esa causa.