Adelante cuestiona la conversión de locales en viviendas en Cádiz tras quintuplicarse las licencias

La formación sostiene que la conversión de locales en viviendas en Cádiz no garantiza alquileres asequibles y alerta de sus posibles efectos sobre el comercio de proximidad.

Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha cuestionado el aumento de las licencias concedidas o en tramitación para transformar locales comerciales y oficinas en viviendas en Cádiz, que se han multiplicado por cinco. El grupo municipal considera que el incremento de estos cambios de uso no permite evaluar por sí solo el resultado de la política de vivienda y reclama que se tengan en cuenta las condiciones y los precios de los inmuebles resultantes.

El concejal de AIG David de la Cruz expresó este martes, 13 de octubre, sus críticas a la política impulsada por el Gobierno municipal del alcalde, Bruno García. Según el edil, la conversión de locales en viviendas en Cádiz puede ampliar el número de inmuebles destinados a uso residencial, pero no garantiza que estos alojamientos se ofrezcan a precios asequibles.

De la Cruz puso como ejemplo anuncios de alquiler de bajos de unos 45 metros cuadrados por cantidades próximas a los 1.000 euros mensuales. La formación utiliza estos casos para rechazar que el aumento de las licencias pueda presentarse como un resultado positivo sin analizar previamente qué viviendas se generan, cuánto cuestan y qué sectores de la población pueden acceder a ellas.

“Permitir que estos espacios se conviertan en viviendas no garantiza que sean asequibles”, señaló el concejal. AIG sostiene que los cambios de uso pueden abrir nuevas vías de rentabilidad inmobiliaria sin contribuir necesariamente a resolver las dificultades de acceso a una residencia habitual.

El grupo municipal también reclama que los inmuebles surgidos de estas transformaciones reúnan condiciones adecuadas para su uso residencial. Para la formación, la intervención del Ayuntamiento no debería limitarse a autorizar el paso de local u oficina a vivienda, sino incorporar como prioridad el acceso de la población a alojamientos que considere dignos y económicamente asumibles.

Las críticas se enmarcan en el diagnóstico de AIG sobre la situación habitacional de Cádiz. De la Cruz afirmó que los precios de alquiler dificultan la permanencia de parte de la población en la ciudad y que la compra de una vivienda está fuera del alcance de numerosas familias. También aseguró que algunas viviendas protegidas llegan a alcanzar precios de 300.000 euros.

Ante esta situación, el concejal reclamó un incremento de la vivienda pública, alquileres más asequibles y actuaciones municipales dirigidas a contener la especulación. A su juicio, la prioridad debe ser facilitar la emancipación y evitar que los residentes tengan que abandonar Cádiz por no poder asumir los precios del mercado inmobiliario.

AIG vinculó además la transformación de bajos comerciales con posibles efectos sobre la actividad económica de los barrios. La formación advierte de que la reducción del número de locales disponibles puede limitar las opciones para pequeñas tiendas, trabajadores autónomos y negocios familiares, además de presionar al alza los alquileres de los espacios que mantengan el uso comercial.

“Cada local comercial que desaparece es también una oportunidad menos para una pequeña tienda, un autónomo o un negocio familiar”, afirmó De la Cruz. El edil considera que convertir estos espacios en activos residenciales puede contribuir a la pérdida de comercio de proximidad y encarecer la implantación o continuidad de pequeños establecimientos.

La organización plantea así que la evaluación de esta política debe atender tanto a sus consecuencias en el mercado de la vivienda como a la configuración comercial de los barrios. Su posición es que el aumento de la oferta residencial mediante cambios de uso puede tener como contrapartida una menor disponibilidad de espacios para actividades comerciales.

Como alternativa, AIG pidió al Gobierno local que dé prioridad a las promociones públicas pendientes. De la Cruz citó de forma concreta el proyecto de vivienda de la calle Pericón de Cádiz números 3 y 5, que, según indicó, permanece paralizado.

El concejal contrapuso la situación de esa promoción con el aumento de las autorizaciones para adaptar locales y oficinas. En su opinión, el Ayuntamiento debería concentrar sus esfuerzos en ampliar el parque público y favorecer viviendas habituales a precios asumibles, en lugar de confiar la respuesta a la crisis residencial al incremento de inmuebles privados mediante cambios de uso.

La formación también reclamó medidas frente a la presión inmobiliaria y turística. De la Cruz defendió que las actuaciones municipales deben proteger el uso residencial habitual de las viviendas y situar las necesidades de la población por delante de su explotación económica.

AIG responsabilizó al Gobierno municipal del PP de mantener proyectos públicos pendientes y de rechazar medidas planteadas para intervenir en el mercado de la vivienda. Estas críticas forman parte de la posición política expresada por el grupo de la oposición ante los resultados difundidos sobre las licencias para convertir locales y oficinas en inmuebles residenciales.